La madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen por el que se expide la ley de juicio político y declaración de procedencia, en medio de acusaciones de la oposición de un “albazo” legislativo del bloque de la 4T.
Luego de seis horas de discusión, el dictamen fue aprobado con 266 votos a favor de Morena, PT y PVEM, mientras que las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano emitieron 205 sufragios en contra.
Durante la discusión en lo particular, el panista José Elías Lixa señaló que la aprobación del dictamen representa un albazo legislativo, ya que pone en un estado de excepción al Presidente al requerir mayoría calificada en el Senado para que proceda el juicio político.
“La mentira sostenida en tribuna no se hace realidad en un país que está cansado de la farsa política”, aseveró.
De la misma bancada, Jorge Espadas señaló que el artículo 35 de la iniciativa original, de Morena, planteaba que todos los servidores públicos deberían ser retirados del cargo en caso de proceder, sin embargo, eso se quitó del dictamen final.
Las únicas reservas aceptadas fueron las presentadas por el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña quien pidió que todas las sesiones sean presenciales y que se mantenga la presunción de inocencia durante el proceso.
En respuesta, el morenista Leonel Godoy aclaró que la Constitución establece que se requieren dos terceras partes de los votos del Senado, por lo que no están incurriendo en inconstitucionalidad.
La ley aprobada por la mayoría de la cuarta transformación abroga la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos.
En redes sociales, el coordinador de Morena, Ignacio Mier celebró la aprobación del primer trabajo de la legislatura.
"Aunque la oposición extendió la discusión, lo logramos. ¡Un paso más de la 4T en contra de la impunidad que era lo que gobernaba en las administraciones anteriores!", escribió en redes sociales.
El artículo 5 propuesta de Morena indica que en el caso de juicio político los titulares del ejecutivo de las entidades federativas, diputados locales y magistrados de tribunales locales, se comunicarán a las legislaturas locales para que procedan según lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, mientras que en la ley vigente sólo indica que las legislaturas locales deben proceder según corresponda cada caso.
Es decir, impone la decisión de la Cámara de Diputados para que sea acatada por los congresos locales.
En otro punto, establece que bastarán datos o indicios suficientes para sustentar la existencia de un posible delito. Y, en caso de que los elementos estén en posesión de una autoridad, la Comisión Jurisdiccional podrá solicitarlos a petición del denunciante.
EASZ
