El pleno de la Cámara de Diputados aprobó establecer como delito agravado la toma de casetas y el llamado boteo en éstas. El proyecto, que se avaló por 344 votos a favor, 85 en contra, y 24 abstenciones, fue rechazado por la bancada del Partido del Trabajo (PT) e incluso por algunos legisladores de Morena, el partido promovente de la minuta.
El dictamen señala que será considerado como un delito de tipo penal agravado “interrumpir la prestación de servicio, operación o deteriorar las vías generales de comunicación o los medios de transporte, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por éstas”.
También castiga a quienes obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación.
Las penas establecidas en todos los casos, van de tres meses a siete años de prisión y multa de 8 mil 500 a 44 mil pesos. En un principio, la propuesta establecía penas de dos a siete años de cárcel y multas de 17 mil a 89 mil pesos, sin embargo, tras una reserva de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, se redujeron las penas.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, e integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, Juanita Guerra Mena, sostuvo que el dictamen responde al incremento de casos de extorsión en casetas de todo el país.
De acuerdo al dictamen, desde el año 2012 a la fecha, se contabilizan más de cinco mil denuncias ante el ministerio público federal, interpuestas por concesionarios contra de extorsionadores en casetas. Pese a ello, en 99.98 por ciento de los casos persiste la impunidad, pues solo 10 han terminado en sentencia condenatorias.
Carlos Elhier, del Partido Acción Nacional (PAN), aseveró que, por su importancia, la red nacional representa la columna vertebral para el transporte al movilizar 55 por ciento de la carga nacional entre regiones y traslada al 97 por ciento total nacional de pasajeros.
Por ese motivo, dijo que es importante salvaguardar a la red carretera de delincuentes.
“La toma de casetas es una práctica delictiva que ha dejado pérdidas millonarias. El monto de las afectaciones asciende a siete mil millones de pesos”, apuntó.
En contra, se manifestaron los diputados del Partido del Trabajo (PT). Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de dicho grupo parlamentario, aseguró que la reforma es un despropósito que privilegia la represión a los movimientos sociales.
“Están criminalizando toda exigencia social de gente que le hicieron carreteras sobre sus tierras y no les han pagado y se manifiestan en esos lugares y ahora los quieren meter a la cárcel. El dictamen está abriendo la puerta a la represión a la lucha social”, aseveró.
Incluso, el diputado de Morena, Rubén Cayetano, advirtió que Morena se ha distinguido por ser un movimiento social y la reforma es contraria a sus principios: “Después nos podemos arrepentir de aprobar esto”.
Tras su aprobación en lo general, se avaló en lo particular por 333 votos a favor, 95 en contra, y 17 abstenciones. Fue turnada al Senado de la República para su revisión.
