La bancada de Morena en la Cámara de Diputados busca aprobar vía 'fast track' reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, donde plantean cambios a las modificaciones “radicales” que propuso el Presidente de la República para acotar las concesiones mineras en el país.
Durante la segunda sesión ordinaria, el diputado Manuel Rodríguez González, de Morena, presentó la iniciativa y solicitó que se le dispensaran trámites, lo cual fue avalado por la mayoría parlamentaria.
Con tres mociones suspensivas presentadas por separado, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano intentaron frenar el dictamen; sin embargo, fueron desechadas y la discusión continuó.
No obstante, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció que presentarían reservas, pero que votarán a favor del dictamen en lo general “en congruencia a nuestros principios”, a pesar de que admitió que se viola el proceso legislativo.
Afirmó que el proyecto propone varios puntos positivos que finalmente sí regularán las concesiones mineras y establecerán condicionamientos para que establezcan planes de restauración.
Tras una reunión con el sector minero y otras “dependencias”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, afirmó que se logró llegar a un acuerdo en el que, dijo, todos reconocieron que se beneficiará a las comunidades, del uso racional de los recursos naturales.
Aseguró que la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la reunión fue sólo una coincidencia, pero que finalmente ayudó para resolver “dudas”, para establecer la contraprestación que darán los mineros a las comunidades.
Explicó que como resultado se acordó que cinco por ciento de las utilidades serán para las comunidades donde haya minas.
Destacó que el nuevo proyecto precisa la consulta a los pueblos originarios, se consulta el aprovechamiento del agua, se establece que al menos 60 por ciento del agua que ocupen las minas deberá ser tratada.
Tampoco habrá concesiones en zonas naturales y que las mismas ya no serán producto de “acuerdos ni de compadrazgos”, sino a través de licitación pública.
Otro de los cambios que resalta es que ahora se darán cinco años para etapa de exploración: 25 años para la operación y explotación y después de eso se evaluará una ampliación.
La iniciativa presidencial enviada el 28 de marzo proponía recortar de 50 a 15 años las concesiones y sólo serían prorrogables una ocasión por un lapso igual.
Hasta las 21:30 horas de este jueves, las bancadas continúan manifestando sus posicionamientos, donde el resto de la oposición insiste en una postura en contra al acusar que la mayoría nuevamente aprobará un dictamen sin haberlo leído.
JVR
