La decisión de autoridades mexicanas de revelar el expediente contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, confronta a los especialistas en derecho, Juan Velásquez y Diana González de Obregón.
En entrevista con La Razón, el penalista Juan Velásquez descartó que haya sido un acto ilegal abrir el expediente armado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por supuestos nexos del general Cienfuegos Zepeda, a unos días de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) lo compartieran en redes sociales.
Y aseveró que se trata de pruebas y conversaciones telefónicas obtenidas de manera ilícita.
“Una ilegalidad no puede dar lugar a responsabilidad de las autoridades, ellos grabaron las conversaciones entre El H2 (Juan Francisco Patrón) y El H9 (Daniel Isaac Silva) en territorio nacional sin que hubiera autorización de un juez mexicano. Esa ilegalidad fue mostrada por la Cancillería”, explicó Velásquez en torno al documento de la DEA de más de 700 páginas.
En contraste, la doctora en derecho penal, Diana González Obregón, estimó que la difusión de los documentos entregados por esta agencia sí podría constituir un delito, ya que la averiguación se encontraba en curso.
La especialista y redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales señaló que la Cancillería asumió funciones que no le corresponden, pues debió entregar la información a la Fiscalía y mantener el sigilo.
“Si (la FGR) no ejercería acción penal, la carpeta debió contener todas las líneas de investigación y actos que se realizaron para agotarlas. Un delito de robo puede contener hasta 10 carpetas de investigación y varios meses de trabajo. En el caso del (general Salvador) Cienfuegos Zepeda la acusación fue por acopio y tráfico de armas, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita” aseveró la legista.
Incluso puntualizó que “decir que revisaste las pruebas que envió la DEA y no encuentras nada, no es suficiente para desestimar la comisión de ésos u otros delitos”.
Además, para la especialista dichos documentos debieron guardarse bajo “estricta secrecía” y la información que recibió la SRE por parte de la DEA debió entregarse íntegra a la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, sin guardar copias, para que se llevaran a cabo las averiguaciones pertinentes.
Añadió que FGR violó el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales que obliga a que todos los documentos y periciales practicados en una averiguación previa, deben permanecer con carácter “estrictamente confidencial”.
González Obregón agregó que la indagatoria contra el extitular del Ejército “puede impugnarse y si se reabre el caso, como ya fue expuesta toda la investigación y no se agotaron de manera exhaustiva las líneas de investigación, lo único que logró es promover la impunidad”, acusó la litigante.
En tanto, Juan Velásquez consideró que la agencia estadounidense quiso usar esta situación como pretexto para no colaborar con México.
“Que lo hagan, ¿a quién le conviene más esa cooperación?, evidentemente a ellos, pero si no quieren colaborar con el Gobierno mexicano, pues que no lo hagan, no van a aguantar, nos necesitan”, reconoció el abogado conocido por defender a polémicos personajes como los expresidentes Luis Echeverría o José López Portillo.
Y añadió que en todo caso quienes incurrieron en delitos fueron las autoridades de esa nación.
“Ellos actuaron de manera ilegal, porque no avisaron a las autoridades mexicanas sobre la investigación que se realizaba. La Cancillería los exhibió, no la FGR que testó su documento, al abrir esas conversaciones que evidentemente se realizaron en nuestro país”, afirmó.
- El dato: Legisladores reprocharon la actuación de la agencia estadounidense por acusar a un mando militar de delitos como tráfico de drogas basados sólo en comunicaciones de delincuentes.
