La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambiará de titular este lunes y, con una nueva cabeza, tendrá por delante el reto de resolver diversos asuntos de interés nacional, en especial varios de carácter político, electoral, militar y de derechos humanos.
Entre estos pendientes se encuentran cinco acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión a los que la Corte deberá dar atención de manera prioritaria, en atención a una solicitud del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.
Tres de las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el 2019, cuando el organismo aún estaba presidido por Luis Raúl González Pérez.
La primera, la número 62/2019, es en contra de la Ley de la Guardia Nacional, por considerar que se violó la Constitución al crear un cuerpo policiaco a partir de las Fuerzas Armadas.
La segunda, la 63/2019, es para impugnar la Ley Nacional del Registro de Detenciones, pues la CNDH señaló que hubo omisiones legislativas en su aprobación.
En este caso, la CNDH demanda declarar la invalidez de los artículos 19 y quinto transitorio, en la que se exenta a la Fuerza Armada Permanente que realiza tareas de seguridad pública de rendir informes a las autoridades civiles cuando realice alguna detención.
En su argumentación, el órgano autónomo estimó que esto implica una regulación deficiente e imprecisa en cuanto al registro de las detenciones, lo que se traduce en una vulneración de derechos como la integridad personal, la seguridad e incluso la vida de las personas detenidas por parte de militares en funciones de seguridad pública.
Una tercera acción es la 46/2016, en contra del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, por considerar que las reformas hechas en ese año no delimitan la competencia militar exclusivamente a elementos de las Fuerzas Armadas, sino que se extienden a personas civiles, lo que resulta violatorio de los derechos humanos.
Otra acción de inconstitucionalidad pendiente es la 173/2021, en la que 169 legisladores de oposición reclamaron la invalidez de la Ley Orgánica de la Armada de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre del 2021, con la que acusaron “promoción de la militarización” al dar a la Secretaría de Marina mayores responsabilidades en el control de puertos.
Finalmente se encuentra la AI 137/2022, promovida por senadores en contra del decreto de reforma de la Ley de la Guardia Nacional, publicado el 9 de septiembre de 2022, por el cual puso a esta corporación bajo la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El presidente de la Cámara de Diputados también pidió a la Corte dar celeridad a las controversias constitucionales 91/2020, 85/2020, 87/2020 y el amparo en revisión: 282/2020.
De igual forma, la Corte, con una nueva cabeza, jugará un papel relevante en la discusión del Plan B de la Reforma Electoral, sobre el cual las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano han advertido que presentarán acciones de inconstitucionalidad.
Esto lo podrán hacer dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha en que el decreto sea publicado, lo cual ocurrirá después de febrero, cuando comience el segundo periodo ordinario del Congreso de la Unión y así el Senado resuelva el segundo paquete de reformas en materia electoral que esperan para su aprobación y subsecuente publicación.
Cinco aspirantes. La elección de quien ocupará la titularidad del máximo tribunal del país para los próximos cuatro años se llevará a cabo hoy en sesión pública solemne, misma que estará encabezada por el ministro decano, Luis María Aguilar Morales, quien tendrá en el encargo de dirigir los trabajos y vigilar que se cumpla con el Reglamento Interior de la Suprema Corte.
La votación será mediante cédulas y el ganador deberá contar con al menos seis de 11 sufragios. Si en una primera ronda ningún aspirante logra esa mayoría simple, se realizará una segunda en la que sólo participarán los dos que hayan alcanzado el mayor número de votos.
Entre los aspirantes se encuentra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, licenciada en derecho con 35 años como servidora pública en los tres niveles de gobierno y quien actualmente enfrenta un conflicto por presunto plagio de tesis.
Durante su extensa carrera como jurista, ha ocupado un sinfín de cargos en órganos administrativos y jurisdiccionales, entre ellos el de presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México.
Otro aspirante es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, licenciado en derecho por la UNAM y maestro en la misma materia por la Universidad de Harvard. Es ministro desde el 1 de diciembre del 2012, tras haber sido propuesto previamente por el entonces presidente Felipe Calderón.
También aspira el ministro Javier Laynez Potisek, licenciado en derecho por la Universidad Regiomontana, con maestría y doctorado en derecho público por la Universidad de París. Fue consejero jurídico de la Presidencia en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox y es ministro de la Corte desde el 2015, a propuesta del Enrique Peña Nieto.
Otro de los que competirán por el cargo es Alberto Pérez Dayán, licenciado en derecho por la Universidad La Salle, quien ha ocupado cargos como dentro del Poder Judicial de la Federación como juez de distrito y magistrado. Fue promovido para el cargo de ministro de la Corte por el presidente Felipe Calderón.
Y una quinta aspirante es la ministra Norma Lucía Piña Hernández, profesora de educación primaria y licenciada en derecho por la UNAM. Durante su trayectoria se ha desempeñado como jueza y magistrada desde 1998. Fue propuesta para el cargo de ministra de la Corte por el presidente Peña Nieto.
