El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que las personas sentenciadas por el delito de violación y feminicidio no puedan obtener la libertad condicional.
Con ello, cualquier persona que llegue al Ministerio Público (MP) acusada de desaparición forzada, feminicidio, corrupción, robo de hidrocarburos, delitos electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, enfrentarán su proceso en prisión.
Dichos delitos se suman a los que ya estaban contemplados en la prisión preventiva, que son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.
La propuesta a discusión es una muestra del compromiso que se tiene por legislar a favor de los derechos humanos, así como para propiciar la debida sanción de aquellas personas que se atreven a transgredir la seguridadPilar Ortega, diputada del PAN
Los diputados de oposición quienes criticaron la propuesta, al considerarla violatoria de los derechos humanos.
Lenin Campos (PRI) denunció que la prisión preventiva oficiosa contradice la letra de la Constitución, donde se señala que se debe privilegiar la presunción de inocencia: “Ya de por si se exhibe como delincuentes a los enemigos políticos del régimen en las mañaneras del Presidente”
Mónica Bautista (PRD) recordó que “el Estado Mexicano ha sido observado por instancias internacionales en materia de derechos humanos, ya que se considera que la medida es de carácter punitivo, trasgrede los tratados internacionales, violenta los principios del debido proceso y la presunción de inocencia bajo el falso argumento de la protección a la sociedad”.
En la propuesta también se contemplaba al uso de armas de juguete o réplica spara la comisión de delitos que sirvan para intimidar o amagar a la víctima, sin embargo, se quitó a propuesta de la diputada morenista, Martha Ramírez, quien consideró que resultaba excesiva y desproporcionada.
Al defender el dictamen, la morenista Abelina López, reclamó al PRI por oponerse. Sostuvo que, como litigante, durante la administración de Enrique Peña tuvo que pagar 20 mil pesos al Ministerio Público Federal de Acapulco “para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado”.
Tras la revelación, los legisladores del PAN la llamaron corrupta y pidieron remitir el caso al Comité de Ética.
La minuta unió nuevamente al PT y Morena: se avaló por 266 votos a favor (213 de Morena, 32 del PT, 13 del PES, y 8 del PVEM), 127 en contra (PRI, PAN PRD y MC) y dos abstenciones de los morenistas Lorena Villavicencio y Javier Uriel Aguirre. Se devolvió al Senado de la República para que a su vez lo remita al Ejecutivo, para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
KA
