A pesar de que el PRD asegura que en 2018 y 2019 no se realizaron despidos, un grupo de 20 trabajadores exigió indemnizaciones por 20 millones de pesos con el argumento de que fueron cesados injustificadamente, por lo que cinco de sus propiedades fueron embargadas como medida cautelar.
En respuesta a una solicitud de información, el sol azteca afirmó que “no hay registro de despidos en 2018. En el ejercicio 2019 no existen terminaciones en relación laboral entre empleados y el PRD”.
Sin embargo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) capitalina resolvió, en un documento con folio 423/2019, del cual La Razón tiene copia, que cinco de sus propiedades serán embargadas para evitar que las venda y no atienda el pago de los afectados. Éstos están ubicados en la colonia Roma, así como en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.
Al respecto, el dirigente del Sindicato Unión de Trabajadores del partido (SUT-PRD) dijo que el instituto sí cuenta con recursos, ya que este año recibirá 422 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) para actividades ordinarias; por ello, destacó que “no están en crisis”.
Asimismo, indicó que al menos dos de los extrabajadores padecen enfermedades terminales que requieren atención médica; sin embargo, carecen de ésta porque se les retiró el seguro social.
En la página de transparencia del partido se detalla que cuenta con cinco inmuebles, más la sede nacional, ubicada en la colonia Escandón, la cual se renta por poco menos de un millón de pesos mensuales; mientras que dos de éstos fueron donados, los ubicados en Insurgentes y Oaxaca, y en Veracruz y Chapultepec, colonia Roma.
Al respecto, Fernando Belauzarán, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE), dijo a este diario que la demanda laboral no es tema, ya que eso se resolverá en el ámbito legal.
En tanto, el líder nacional, Ángel Ávila, aseveró: “no nos afecta nada, porque no existe ninguna intención de vender algún inmueble”, además, añadió que los trabajadores se niegan a recibir su liquidación porque el dinero está depositado en la Junta de Coordinación y Arbitraje para su disposición.
“Lo que están haciendo es una argucia legal; se quieren aferrar al PRD, pero nosotros decidimos terminar con la burocracia y con los puestos que no se necesitaban. Ya depositamos el dinero de esos 23 trabajadores, pero ellos se niegan a ser liquidados, incluso el sindicato ya desapareció”, aseveró a La Razón.
El dirigente perredista dijo que el embargo no tiene razón de ser, por ello ya se combate de manera legal, pues los trabajadores, insistió, “no entienden que el PRD ya no está en la misma situación de bonanza que años atrás”, por ello hubo una reducción de personal.
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