Un juez resolvió suspender el proceso por lavado de dinero en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Agronitrogenados, con lo cual prácticamente se cierra el expediente, sin que el exfuncionario tuviera que pagar nada al Gobierno mexicano por concepto de reparación del daño.
Tras una audiencia de poco más de cuatro horas, Gerardo Alarcón López, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal Norte, suspendió en forma condicional el proceso a Lozoya porque estimó que Alonso Ancira, antiguo propietario de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), ya está pagando 216 millones de dólares para reparar el daño en este asunto.
No obstante, la suspensión de su proceso dependerá de los pagos que continúe realizando Ancira. Si éste deja de pagar, ambos volverán a ser perseguidos y procesados.
A pesar del fallo del juez este jueves, Emilio Lozoya, funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto, seguirá preso en el Reclusorio Norte, ya que aún enfrenta el proceso penal por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Antes de ingresar a la audiencia, Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, indicó que el Gobierno federal decidió reducir la cantidad que exigía al exdirector de Pemex, de 30 a 20 millones de dólares como reparación del daño, tanto por Agronitrogenados como por Odebrecht.
Sin embargo, al inicio de la audiencia, Lozoya Austin, visiblemente molesto, dejó claro que no pagaría esos 20 millones de dólares, al considerarlos “una extorsión”.
“Ha habido conversaciones que yo llamaría extorsión. Primero, me pidieron 3.4 millones de dólares; después, lo subieron un 200 por ciento, lo suben a 30 millones, y lo bajan como si fuera un mercado tropical”, refirió.
A mediodía de ayer se inició la comparecencia, en una audiencia intermedia del proceso con el que se da seguimiento al caso de la empresa Agronitrogenados, con el que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó, por séptima ocasión, señalar a Lozoya y pedir que lo condenen a 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero.
Por este caso se acusó a Alonso Ancira, exdueño de AHMSA, de vender a sobrecosto la planta a Pemex y como responsable de aceptar dicha transacción fue señalado el titular de la empresa del Estado, quien habría recibido un soborno de 3.5 millones de dólares.
Entre los puntos que se tocaron en la audiencia destacó la exigencia que la defensa hizo para una pronta respuesta por parte de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que justificaran el aumento en el monto de la reparación del daño de 10.7 millones de dólares, que exigía la FGR, a 30 millones de dólares que Pemex y la UIF solicitaron.
Desde que la Fiscalía presentó su acusación por escrito, se había aplazado en seis ocasiones esta diligencia, prevista para debatir y depurar los datos de prueba de las partes, así como acusar en forma oral al procesado y pedir la pena de prisión.
En la diligencia realizada en julio, Lozoya acusó al Gobierno federal de un intento de extorsión, luego de que se elevó el monto de la reparación del daño.
Ayer, el juez dijo que el acuerdo reparatorio que hace dos años logró Alonso Ancira, para pagar 216 millones de dólares (de los que hasta ahora ha pagado 50 por ciento) también beneficia a Emilio Lozoya Austin.
El juez dijo que su determinación estaba basada en una tesis jurisprudencial, publicada la semana pasada, en la cual, tras hacer el pago de una reparación de daños, tres personas se vieron beneficiadas. Ante ello, durante la audiencia, representantes de la FGR intentaron interponer un recurso de apelación, pero el juez lo desechó.
Revocan amparo a García Cabeza de Vaca
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, bajo la ponencia del magistrado Mauricio Fernández de la Mora, revocara la sentencia que le había concedido amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, con la cual había dejado insubsistente la orden de aprehensión en su contra.
En un comunicado, detalló que con esta nueva sentencia, deberá reponerse el juicio de amparo, manteniéndose vigente la orden de aprehensión en contra del exmandatario.
Apenas el miércoles, el Bufete Díaz Durán, que se encarga de la defensa del exmandatario, informó que el 27 de febrero pasado un juez de distrito otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a su cliente, determinando la inexistencia de delito.
“En contra de dicha resolución, el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, interpuso recurso de revisión”, señaló el bufete en una misiva.
Recordó que el 17 de agosto, al resolver dicho recurso de revisión en sesión pública, los magistrados del Tribunal Colegiado determinaron que existía una formalidad adicional en el procedimiento que debió cumplir el Juez de Distrito antes de resolver el fondo del asunto.
Con información de Jorge Butrón
