En lo que va del sexenio el Gobierno federal ha dado preliberación o amnistía a tres mil 359 adultos mayores que cuentan con alguna enfermedad o discapacidad, indígenas, mujeres o víctimas de tortura. Muchos de ellos, recluidos por delitos no graves.
Sin embargo, aunque el número no es menor, el sector poblacional aún es mayor, pues en México existen ocho mil 172 personas de esa edad privadas de la libertad en alguno de los 300 centros penitenciarios que, según organizaciones, se encuentran entre los más vulnerables en reclusión, pues debido a su edad se enfrentan a situaciones de riesgo por hacinamiento en celdas, falta de acceso a los servicios, un sistema de justicia penal inadecuado y, en varios casos, el olvido de sus familias.
De acuerdo con la activista Paola Zavala, fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), diversas agrupaciones solicitaron a las autoridades penitenciarias del país darle prioridad a este sector en el programa de preliberaciones y amnistías, “sobre todo en los momentos más difíciles de la pandemia”.
Sin embargo, señala la experta, la situación no se atendi,ó y continúa la sobrepoblación en los centros penitenciarios e incluso, dijo, no hay datos exactos sobre las personas adultas que recibieran este beneficio, a pesar de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador lo planteara antes de la pandemia.
“Hay una falta sensibilidad sobre el tema, se carecen de elementos necesarios como, por ejemplo, un lugar dónde dormir. (Los adultos mayores) están en celdas ubicadas en pisos superiores de los centros penitenciarios y en otros espacios que les son inaccesibles por falta de rampas”, lo que, añadió, los imposibilita a realizar actividades cotidianas de forma independiente.
“Son un grupo de personas que carecen de la mínima atención que debe brindarles el sistema penitenciario del país”, afirmó Zavala.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Seguridad Penitenciaria 2019, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 13 de los 17 Centros Federales del país hay deficiencia en la atención a las personas adultas mayores.
Lo mismo sucede con 42 de los 183 Centros Penitenciarios, en los cuales las autoridades de la CNDH realizaron visitas y detectaron deficiencias en su atención, la cual es una de las irregularidades con mayor incidencia.
Ellas y ellos deben recibir asesoría jurídica gratuita, acceder a educación, trabajo, a capacitación, salud y a asistencia social en caso de encontrarse en situación de desamparo, como pasa con aquellas personas que no cuentan con apoyos familiares.
En el mismo sentido coincidió Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa del Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta, quien explicó que a diario las personas de la tercera edad en reclusión deben de enfrentar múltiples problemas, como son la falda de accesibilidad a los servicios, a una estancia adecuada, a alimentación propicia, medicamentos, atención médica y psicológica.
“Sus principales enfermedades son la diabetes, hipertensión problemas cardiacos y alguna discapacidad, los cuales no son atendidos adecuadamente”, destacó.
La activista indicó que en la actualidad en los centros penitenciarios del país 30 mil personas duermen en el piso, y es probable que muchos de los adultos mayores estén en esa situación, sobre todo, añadió, si más de 60 mil presos en México se encuentran hacinados en celdas.
Pero a la situación de riesgo que enfrentan en las cárceles, salir de éstas a veces no resulta mejor, porque han sido olvidados por sus familiares, advirtió Aoyama.
“El simple hecho de liberarlos no garantiza su reinserción a la sociedad y la garantía de sus derechos humanos, porque muchos de ellos quedarán en situación de calle u olvidados.
“Debe darse un sistema integral de atención para los adultos mayores privados de su libertad, tanto en los sistemas como en los servicios penitenciarios, ya que la mayoría de ellos son abandonados por sus familiares y no tienen de quien depender”, indicó.
Por ello, insistió Nayomi Aoyama, en caso de que que reciban el beneficio del programa de preliberación o amnistía, las autoridades deberían vigilar qué sucede con estas personas, puesto que en muchas ocasiones, al quedar fuera de prisión, no tienen a dónde acudir, porque pierden casa, familia, trabajos, y nadie los quiere contratar o recibir porque quedan “estigmatizados”.
