En comisiones del Senado se aprobó un dictamen para castigar el llamado “cobro de derecho de piso”, el cual tiene por objetivo considerar este tipo de extorsión como un acto de delincuencia organizada, el cual alcanzaría una pena de ocho a 12 años de prisión y de 80 a 120 días de salario como multa a quien lo cometa.
El proyecto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, fue aprobado por Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.
Define como cobro de derecho de piso: “el coaccionar a personas físicas o morales para obtener recursos pecuniarios, en especie o de cualquier otra índole, para sí o para otro, a cambio de no interferir en que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, mediante el amago, el empleo de la fuerza, o cualquier otro medio de amenazas”.
Los legisladores consideraron que es fundamental que este ilícito sea considerado como delincuencia organizada, ya que permitirá tener una respuesta más coordinada y efectiva por parte de las autoridades, pues los grupos criminales tienen una estructura organizada y recursos considerables para cometerlos.
