Una nueva norma del gobierno de Estados Unidos, anunciada ayer, tiene como objetivo acelerar el proceso de solicitud de asilo en la frontera sur, permitiendo rechazar rápidamente a un grupo limitado de personas que se cree han cometido delitos graves o que tienen vínculos terroristas.
En un comunicado emitido para anunciar los cambios, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los migrantes considerados una amenaza pública son detenidos, pero que se determina si son elegibles para recibir asilo hasta más adelante en el proceso.
En virtud de la regla propuesta, los funcionarios de asilo que escuchan casos en una etapa inicial de revisión —que se produce días después de que una persona llega al país—, ahora podrán tomar en cuenta los antecedentes penales o los vínculos terroristas a la hora de decidir si alguien debe ser deportado del país.
“Esto permitirá al Departamento de Seguridad Nacional expulsar de manera expedita a individuos que representen una amenaza para Estados Unidos, mucho antes de lo que es actualmente posible, protegiendo mejor la seguridad de nuestra frontera y de nuestro país”, señaló.
Cuando la norma entre en vigor, los funcionarios de asilo podrán considerar las pruebas de vínculos con el terrorismo, por ejemplo, y utilizarlas como base para una denegación.
La agencia no proporcionó cifras sobre cuántas personas se verían afectadas por la determinación, pero indicó que era un número pequeño.
Los republicanos criticaron rápidamente los cambios debido a que los consideraron insuficientes. En un comunicado, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark E. Green, señaló que era un “intento poco serio y políticamente motivado de abordar un problema importante que el propio gobierno de Biden creó”.
