La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz Ahlf, señaló que “el Estado tiene la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano autónomo, pues su tratamiento debe estar acorde con su naturaleza, propia de los derechos sociales”.
Mientras la ministra habla de la energía eléctrica como un requisito para garantizar bienestar, a inicios de este año la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de reasunción de competencia para revisar dos amparos promovidos por 18 empresas contra la reforma de marzo del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las compañías privadas, lo que sigue estando pendiente en la agenda.
En primera instancia, la LIE fue declarada inconstitucional por los jueces federales Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro.
La Segunda Sala de la SCJN acordó la reasunción de las solicitudes 168/2022 y 171/2022 y ahora la SCJN tendrá que aclarar si la reforma a la LIE causa perjuicios a las empresas privadas por su sola entrada en vigor, o si se requieren actos concretos de aplicación para que puedan ampararse.
Mientras tanto, los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz acordaron avalar las solicitudes de reasunción 168/2022 y 171/2022 para resolver en definitiva las impugnaciones del Congreso y del Poder Ejecutivo contra las sentencias que declararon inconstitucionales los aspectos torales de la reforma.
Al presentar su libro La industria eléctrica en México y el acceso a la energía eléctrica como derecho humano, la ministra Loretta Ortiz aseguró que su obra literaria retoma diversas consideraciones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Primera Sala de la Suprema Corte, en las que se reconoce que la electricidad es un requisito para garantizar debidamente el derecho a la vida y a un nivel mínimo de bienestar.
En el evento, el doctor Christian Courtis, funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que todos los derechos humanos dependen de la exigencia de un arreglo colectivo. “La rectoría estatal del sector energético, aunque incluya actores privados, es garantía del acceso individual”, sostuvo.
Al tomar la palabra, la coautora del libro, Jimena Viveros Álvarez, mencionó que “la ministra tuvo la acertada visión de desarrollar esta obra, con el fin de brindar herramientas tanto a personas especializadas como a la sociedad en general, que permitan construir una óptica más amplia y desde una perspectiva de derechos humanos, a partir de la cual se puedan abordar los retos que aún enfrenta nuestro país, a efecto de garantizar la confiabilidad y calidad necesaria en el sistema eléctrico nacional”.
