A pesar de que el programa La Escuela es Nuestra (LEN) ejerció en 2021 10.7 por ciento más del presupuesto que se le aprobó y que superó la meta de planteles que beneficiaría, lo cierto es que se hizo sin evaluar el cumplimiento de sus objetivos para garantizar la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, la superación de las desigualdades entre escuelas y la permanencia de los alumnos.
La tercera entrega de la Cuenta Pública 2021 que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, da cuenta de múltiples omisiones o incumplimientos en la operación del programa con el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) bajo el argumento de que con éste se incurría en actos de corrupción.
En 2021, la SEP ejerció en LEN mil 310 millones 276.5 mdp por arriba de los 12 mil 280 millones 250 mil pesos que se le aprobaron originalmente. Además, benefició a 68 mil 665 planteles públicos de educación básica, lo cual fue 29.6 por ciento más que los 53 mil planificados.
Sin embargo, no dispuso de las actas de integración de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), que se integra principalmente por madres y padres de familia que se encargan del gasto de los recursos que cada escuela recibe en función de las necesidades.
Además de esto, la SEP no acreditó las obras de mantenimiento, rehabilitación o construcción en dichas escuelas, ni el mobiliario y material didáctico adquirido.
En 17 de los 32 planteles analizados se encontró que las obras reportadas no correspondieron en todos los casos con las necesidades diagnosticadas, por lo que los apoyos entregados no se enfocaron en resolver las carencias.
Los CEAP también debían integrar expedientes de actividades, pero la SEP sólo dispuso de los reportes de 6.9 por ciento de los planteles. La dependencia argumentó la falta de visualización del resto por el cambio de plataforma que se hizo en 2022 y a que tampoco los resguardó para llevar un control y evaluación.
Aparte, la Secretaría sí revisó 500 expedientes de los CEAP e identificó el incumplimiento de documentos para sustentar la incorporación de los planteles al programa, el gasto de recursos.
Aunado a esto, no implementó medidas para que dichos incumplimientos fueran subsanados, o que los hechos derivaran en la cancelación de los apoyos, promoción de medidas administrativas o hasta penales.
DAN
