Frente al paro de labores al que determinó sumarse por mayoría el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres se manifestaron “de manera enérgica” en contra de la suspensión de labores y advirtieron que contra quienes aprobaron esta medida procedería un juicio político.
Las ministras señalaron que el artículo 109 constitucional dispone que procede la imposición, mediante juicio político, de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público a las ministras o ministros que en el ejercicio de sus funciones “incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
Al asegurar que no está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los ministros, señalaron que el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) es “terminante” en señalar que incurre en responsabilidad el servidor público que deje “de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo”.
En un pronunciamiento conjunto, las juzgadoras agregaron que “el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/2016, de la Segunda Sala”.
“Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia, como las y los ministros de esta Corte, no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución Política”, señalan en su posicionamiento.
Esquivel, Ortiz y Batres señalaron que, durante la sesión privada del pleno, propusieron continuar sesionando a distancia, dado que la Suprema Corte cuenta con una lista de 28 proyectos distribuidos y más de 200 asuntos en lista en las salas.
“La SCJN es la cabeza del Poder Judicial de la Federación y el máximo tribunal de nuestro país. Las y los servidores públicos que la integramos tenemos la imprescindible encomienda y obligación de impartir y garantizar el acceso a la justicia a todo el pueblo mexicano”, indicaron.
El pasado lunes, en sesión privada, el pleno de la SCJN rechazó una solicitud de la ministra Lenia Batres que pidió “tomar medidas” contra la suspensión de labores en el PJF para evitar “lesionar el acceso a la justicia”.
El pasado viernes 30 de agosto, la ministra Batres envió la propuesta mediante un oficio dirigido a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En el documento pedía que se someta a consideración del pleno de la Suprema Corte “la emisión de un requerimiento dirigido al Consejo de la Judicatura Federal para que se expida un acuerdo general, así como todas las medidas necesarias para garantizar la función de jurisdicción en el ámbito federal”.
