Estados, municipios y Gobierno suman daños por 105 mmdp tras 5 años auditados

De más de 133 mil millones de pesos acumulados este sexenio correspondientes a irregularidades no aclaradas, casi tres cuartas partes son atribuibles al gasto federalizado, es decir, el presupuesto que la Federación transfiere y que son ejercidos por estados y municipios por medio de programas presupuestarios.

De acuerdo con una revisión hecha por La Razón a los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta hoy 133 mil 142 millones de pesos (mdp) permanecen sin ser aclarados y datan del 2019 hasta el 2023, aunque solamente los correspondientes hasta el 2021 —105 mil 34 millones— ya pueden ser considerados como un daño al erario, pues su periodo de solventación ya pasó.

Según la base de datos, 100 mil 61 mdp aún no subsanados corresponden al gasto federalizado, donde algunos de los programas con el mayor monto irregular son el de Participaciones Federales a Entidades Federativas, con 32 mil 870 mdp, así como el de Participaciones Federales a Municipios, con siete mil 182 millones, además del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con cinco mil 770 mdp.

Por dispersión geográfica, los estados con los montos más elevados registrados en el mismo periodo son Durango, con 11 mil 977.2 mdp; Michoacán, con ocho mil 914.2 mdp, y Oaxaca, con seis mil 962.9 mdp.

Al respecto, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén resaltó que la mayoría del monto de recursos “perdidos” corresponde a pliegos de observaciones emitidos por irregularidades en el ejercicio de los fondos y participaciones realizados por las entidades federativas.

“Estos pliegos no sólo señalan el uso indebido de los recursos, sino también la falta de transparencia y control en su administración. Es importante poner más atención en el ejercicio de los recursos federales que hacen las entidades subnacionales, ya sean estados o municipios, ya que, como se hace evidente, corresponde a ellos más de la mitad de los montos por aclarar, mientras que el resto corresponde a entidades de los tres Poderes de la Unión”, dijo a La Razón.

Además del gasto federalizado, hay 23 mil 485 mdp sin justificar correspondiente al grupo funcional de desarrollo económico, que involucra en su ejercicio a la Secretaría de Energía, así como al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros.

Otros ocho mil 942 millones, al rubro de desarrollo social, que involucra a secretarías como las de Educación Pública (SEP), de Salud (Ssa), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). También involucra 626 millones de pesos al grupo de Gobierno, que implica a entidades no sectorizadas.

Por el gran total de los 133 mil 142 millones no subsanados, la ASF ha presentado 22 denuncias de hechos, de las cuales tres involucran a uno de los entes más polémicos del sexenio: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y su filial Diconsa.

Aunque el monto de anomalías en este órgano, junto a su otra filial, Liconsa, llegó a los 20 mil millones de pesos, las irregularidades se han ido aclarando y su estatus actual es de cuatro mil 361 millones para Segalmex; mil 831 para Liconsa y 943 millones de pesos de Diconsa.

A pesar de que el monto de irregularidades de esta administración ya rebasó a las tres anteriores y es el más alto del siglo, hay quienes abogan por reconocer que el trabajo de la Auditoría Superior ha sido para lo que le ha alcanzado ,según los recursos de los que se le ha dotado y la poca planta laboral con la que cuenta y que le impide ampliar su trabajo y los alcances del mismo.

El diputado emecista Mario Alberto Carrillo, expresidente de la Comisión de Vigilancia en San Lázaro, se pronunció por identificar las áreas en las cuales la ASF necesita ser fortalecida para cumplir de mejor manera y tiempo el objetivo por el que se creó, no sólo en materia presupuestal para ampliar su capacidad de auditor, sino también en “logística”, pues apunta como necesidad una homologación de los procesos que permitan agilizar la aclaración de las observaciones que gobiernos y demás entes públicos buscan hacer una vez que son señalados.

“Yo creo que sí hay que ser objetivos, porque se ha minimizado, y el discurso del Presidente y de Morena es muy fuerte. En ese sentido, nos llega casi a convencer de que las cosas no sirven, eso es increíble. Ahorita están con la Suprema Corte de Justicia, casi una gran parte de la población estará pidiendo la cabeza de los jueces y es con base en un discurso certero y termina uno por convencerse. Es increíble cuando sabemos que no es cierto, pero son capaces de construir verdades donde no las hay”, dijo.

La Razón buscó recabar la opinión de legisladores de Morena sobre estos recursos faltantes, pero hasta el momento no han respondido.