El gobierno del Presidente Joe Biden dio a conocer ayer las nuevas normas para procesar los pedidos de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, con la esperanza de resolverlos en meses en lugar de años.
Las normas autorizan a los funcionarios a otorgar o denegar solicitudes, una autoridad que ha estado limitada a los jueces de inmigración para la gente que llega a la frontera sur. Hasta ahora, los funcionarios sólo podían realizar los exámenes iniciales y brindar ayuda humanitaria.
El cambio podría tener amplio impacto, pero funcionarios del gobierno dijeron que al comienzo procederán lentamente y sin recursos adicionales. Entrará en vigencia 60 días después de que la norma aparezca en el Registro Federal, lo que sucederá la próxima semana.
El gobierno calculó el año pasado que necesitaría contratar a 800 empleados más para manejar unos 75 mil casos al año. Sin más dinero ni empleados, no está claro cuál será el impacto inicial de la medida.
“El sistema actual de procesamiento de solicitudes de asilo en nuestras fronteras necesita reparaciones desde hace tiempo”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuyo departamento incluye la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, la cual cuenta con funcionarios de asilo.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que las nuevas normas aliviarán la presión sobre las cortes migratorias, las cuales dependen del Departamento de Justicia. El procesamiento de los pedidos de asilo de personas no detenidas dura en promedio casi cuatro años.
“Esta norma hace avanzar nuestras labores para garantizar que los pedidos de asilo se procesen con imparcialidad, en forma expedita y de manera congruente con el debido proceso”, dijo Garland.
