La irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, para capturar al exvicepresidente del país sudamericano Jorge Glas, dio pie a la solidaridad y al cierre de filas de varios países con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como Bolivia, Brasil, Argentina, Honduras, Estados Unidos, Nicaragua, España y la Unión Europea, que manifestaron su postura sobre lo sucedido.
El presidente boliviano Luis Alberto Arce Catacora dio a conocer, a través de sus redes sociales, que sostuvo una conversación telefónica con López Obrador para analizar la situación política y diplomática con Ecuador.
“Reiteramos que la defensa del carácter inviolable de las sedes diplomáticas es un tema de principios, como también de la tradición latinoamericana del asilo, en la cual México es vanguardia”, escribió Arce Catacora en su cuenta de X.
Previamente, en un programa radiofónico, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, había pedido, “con mucho respeto”, al gobierno de Luis Alberto Arce, romper las relaciones diplomáticas con Ecuador hasta que se respete el
derecho internacional.
Asimismo, consideró que lo ocurrido en Quito “es como declarar la guerra a México” y reconoció que hasta el gobierno transitorio de Jeanine Áñez respetó la embajada de México en La Paz, donde varias antiguas autoridades bolivianas se asilaron tras la crisis poselectoral del 2019.
Aun con las desavenencias ocurridas en los últimos días entre los gobiernos de México y Argentina, este país llamó a la “plena observancia” de las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, manifestó que su país “condena cualquier violación de la Convención de Viena y toma muy en serio la obligación de los países anfitriones según el derecho internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”.
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, a través de su cuenta de X, calificó la redada como “un acto intolerable para la comunidad internacional” y una “violación de la soberanía del Estado mexicano y del derecho internacional”, porque “ignora el derecho histórico y fundamental al asilo”.
El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, tomó la determinación de romper relaciones diplomáticas con Ecuador y expresó su “absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista del gobierno
de Ecuador”.
A través de un comunicado, la Cancillería de Brasil también condenó la gravedad de los hechos, al señalar que “los locales de una misión diplomática son inviolables”, por lo que constituye un “precedente grave” que amerita un
“enérgico repudio”.
Por su parte, la Unión Europea expuso que “la protección de la integridad de las misiones diplomáticas y de su personal es fundamental para preservar la estabilidad y el orden internacional”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España expuso que este acontecimiento constituyó una violación de la Convención de Viena.
