El dirigente nacional del partido, Marko Cortés, afirmó que el manejo de la emergencia sanitaria por parte de la Subsecretaría de Salud fue centralizado y violó la ley al desplazar en la toma de decisiones al Consejo, autoridad con funciones técnicas y autónomas para el manejo de enfermedades graves.
En este contexto, el panista pidió a los legisladores dictaminar la iniciativa que reforma la Ley General de Salud que presentó su bancada en la Cámara de Diputados, con la que se busca dar total autonomía operativa al Consejo; además, remarcó como urgente que este órgano cuente con recursos presupuestales y humanos propios, sin la intermediación de la Secretaría de Salud.
Al inicio de este mes, siete integrantes del CSG presentaron su renuncia al cargo, a causa de “discrepancias” con el titular de la Secretaría de Salud (SSa), Jorge Alcocer, respecto a la Política Nacional Farmacéutica, según dieron a conocer las primeras versiones.
Días después se conoció que algunos de los colaboradores eran investigados a causa de presuntas irregularidades relacionadas con la inclusión de diversos insumos médicos como fármacos y equipos, lo cual fue conocido por el Órgano Interno de Control a partir de denuncias internas.
Entre los reclamos, Cortés Mendoza consideró que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han sido incapaces para dar atención a la población que antes contaba con el Seguro Popular, por lo que también urgió la restitución de éste.
“De los 55 millones de mexicanas y mexicanos antes cubiertos por el Seguro Popular, el INSABI solo atiende a 33 millones, es decir, más de 20 millones de mexicanos están completamente desamparados y la población sin seguridad social sigue creciendo”, dijo.
También acusó que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos aún existe, pero es saqueado para gastos operativos “opacos” del Insabi, y añadió que la SSa no ha ejercido eficazmente su presupuesto, pues en el primer cuatrimestre reportó un subejercicio de 18.7 mil millones de pesos, equivalente al 31 por ciento.
Marko Cortés llamó a legislar para hacer obligatorias las pruebas de tamiz neonatal ampliado, que permite diagnosticar 67 enfermedades; también sobre objeción de conciencia, para que los profesionales de la salud no sean sancionados cuando no deseen realizar algún procedimiento por motivos de creencias.
Asimismo, pidió garantizar los cuidados paliativos para que los enfermos terminales “pasen sus últimos días con el menor dolor y sufrimiento posible”.
avc
