Luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindiera ayer en Palacio Nacional su Cuarto Informe de Gobierno, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) destacó que con base en la información pública oficial no existe un sólo dato que corresponda a la realidad.
Con anterioridad, el Observatorio criticó que el titular del Ejecutivo federal haya dedicado solo 6 minutos para hablar de seguridad, “es decir, el 13% del total de la duración del informe”.
En una presentación, el ONC citó lo siguiente:
“Desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy, los delitos del fuero federal han bajado en 29.3 por ciento; se ha logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1 por ciento; el secuestro, en 81 por ciento; y en todos los delitos de robo hemos logrado una disminución en general del 23.4 por ciento; con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82 por ciento y en lo que va del año se estima en 10.4 por ciento la disminución”.
Tras ello, el Observatorio presentó una comparativa de delitos en los primeros 44 meses de cada administración, que va de diciembre de 2000 a julio de 2022. A continuación la comparativa:
Agregó que por lo que refiere al homicidio doloso, es incierto el periodo que se utilizó para determinar una disminución del 2.82%. Además de que las mediciones 2022 de homicidio de INEGI aún no están disponibles al público en general, y por lo tanto, aún no han sido revisadas.
Por el contrario indicó, si se comparan los primeros 44 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto contra los primeros 44 meses del gobierno de AMLO, “hay un aumento del 60.87%, todo ello sin considerar los otros delitos que atentan contra la vida de las personas”.
Sobre las declaraciones de secuestro, vio evidente que desde el inicio de esta administración se ha manipulado la estadística dado que, al tiempo que bajan las carpetas de investigación por este delito, suben las carpetas de investigación de “otras privaciones ilegales de la libertad”.
En cuanto a la transición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el ONC recordó que AMLO envió al Congreso una iniciativa de reforma legal, integral, “con el único afán de que esta se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo y no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal”.
Ante esto el Observatorio destacó que la Constitución establece que las labores de seguridad pública deben estar a cargo de los civiles y no faculta al Presidente para que pueda ejecutar por decreto una transformación institucional de tal alcance. Por lo tanto, la acción del Presidente modifica toda una naturaleza constitucional de salvaguardar el sistema político.
“Presenta un diagnóstico previo falso. Argumenta que el propósito es garantizar que la institución salvaguarde la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar el orden público y la paz social con el pleno respeto a los derechos humanos. No obstante, históricamente se relaciona a las fuerzas militares con violaciones de derechos humanos, tortura y desapariciones forzadas, hecho que incluso ha sucedido en este sexenio, pues los casos de estos delitos han aumentado”, señaló en uno de sus puntos
Asimismo, indicó que propone una arquitectura institucional confusa porque la Sedena tendría el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, “pero que continúe adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual deja dudas sobre el funcionamiento en la práctica”.
También que sustenta su necesidad en aspiraciones no comprobables. “El argumento expuesto por el presidente en el más reciente informe de gobierno es que se hará la transición para consolidarla, que mantenga su disciplina, profesionalismo y no se corrompa Ante esto, cabe destacar que el mando militar no abonará a estos objetivos puesto que el problema de la Guardia Nacional viene desde su creación, pues en la transición de Policía Federal hacia GN no existió selección de personal y no se ha llevado a cabo un plan de capacitación adecuado. Por el contrario, la necesidad de la transición a Sedena recae en que sin el personal militar no se lograría la meta de personal adscrito que se prometió. De los aproximadamente 120 mil elementos que tiene la GN 100 mil pertenecen a SEDENA y sólo 20 mil a la GN”.
Destacó que atenta contra los derechos de todos los ciudadanos. “Ya que se aumenta la posibilidad de detenciones ilegales y viola los derechos humanos de los ciudadanos al establecer reformas inconstitucionales, así como estrategias de seguridad carentes de mecanismos que brinden protección a la población. Tan sólo en el primer semestre del año existen 297 expedientes de presunta violación a derechos humanos en trámite y 65 concluidos", señaló.
Hace imposible evaluar su desempeño, su gasto y su régimen disciplinario. “Dado que hay menor grado de rendición de cuentas en las instituciones militares, puesto que los temas que manejan pueden ser clasificados como de seguridad nacional Esto fomentará la opacidad y falta de rendición de cuentas sobre las acciones federales”, apuntó.
Finalmente, indicó que el presidente omitió hablar de extorsión, trata de personas, narcomenudeo y desapariciones forzadas durante su informe. Delitos que dijo, aquejan al país.
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