Abogados penalistas aseguraron que puede haber sanciones penales en contra de los diputados que hayan votado en la reforma judicial, ya que entraron en desacato al violar la suspensión de un juez, aunque el fuero sería un obstáculo.
El constitucionalista Francisco Burgoa mencionó que la ruta jurídica de las suspensiones tiene que seguir el procedimiento previsto en los juicios de amparo; es decir, si se concedieron suspensiones provisionales o, de plano, se pueden impugnar mediante un recurso de queja ante el tribunal colegiado.
“Si las autoridades no acatan las suspensiones otorgadas por los jueces, es posible que los jueces den parte al MP (porque se comete un delito) para que se inicien las carpetas de investigación. El tema es que son los mismos diputados que tendrían que auto desaforarse y eso no ocurrirá”, dijo el abogado.
Señaló que la posibilidad de echar para atrás la reforma dependerá de dos factores clave: los procesos judiciales en la SCJN y la presión social y política.
“Si la SCJN determina que la reforma violó el proceso legislativo de reforma constitucional y al violar las suspensiones, habría motivo para declarar la invalidez de la reforma. Se aclara: no se controvierte el fondo, el contenido; sólo la forma, el procedimiento”, indicó.
En paralelo, dijo, las protestas y la presión política podrían generar un ambiente en el que se reconsideren partes de la reforma, especialmente si se forma un bloque de oposición sólido. Sobre las posibilidades de éxito de ambos bloques, en el caso de las protestas, pueden tener un impacto si logran articular un mensaje claro y movilizar a todos los sectores.
“Incluso, si se suman voces de organismos internacionales, sería lo ideal. Así es más probable que ejerzan presión política para reconsiderar la reforma”, afirmó.
Burgoa señaló que el bloque legislativo opositor enfrenta la desventaja de ser minoría; sin embargo, si logra articular una defensa sólida en el debate y garantizar su voto en contra, la reforma no se aprobaría.
En entrevista con La Razón, Diana González Obregón, abogada y experta en juicios orales, explicó que la jueza suspendió que se llevara a cabo la votación y que se mandara al Senado para su seguimiento, lo que, dijo, es muy grave, ya que se viola el amparo. “No es ni confiable ni correcto que exista un desacato a una orden federal”, afirmó.
Señaló que la juez debe “ya” de dar vista a la Fiscalía General para que inicie una investigación en contra de todas aquellas personas que desacataron el ordenamiento judicial: “Es muy importante que los terceros interesados hagan valer también esto, porque pueden adherirse y pedir que inicie la investigación inmediata para que no se quede impune el desacato”. Señaló que si se vota en el Senado de la República, también estarían extendiendo el desacato.
El abogado Alberto Wolrich mencionó que puede intervenir el Ministerio Público por el incumplimiento que se llevó a cabo; incluso, dijo, se deben suspender las labores, aunque precisó que será difícil, por el fuero legislativo de los diputados.
Para el constitucionalista Arturo Espinosa, el Congreso de la Unión no tiene facultades para decidir si está o no de acuerdo con la suspensión otorgada por los jueces de Morelos y Chiapas para detener la discusión de la reforma judicial.
El jurista Miguel Carbonell opinó, a su vez, que no habría ningún problema que se cambie la sede de la toma de posesión de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ante las amenazas de los trabajadores del Poder Judicial y de algunas asociaciones de la sociedad civil de tomar la sede de la Cámara de Diputados.
Espinosa Silis explicó que el tribunal colegiado determinará si el órgano legislativo incurrió en algún desacato judicial por ignorar el amparo de la jueza Martha Magaña.
