La iniciativa de reforma al outsourcing que impulsa el Gobierno federal generará la pérdida de algunos empleos y causará que hasta 80 por ciento de los contratados se mueva a la informalidad, señalaron expertos.
En entrevista con La Razón, Alejandro Avilés Gómez, analista laboral privado, dijo que los efectos de la propuesta “serán dolorosos”, porque se perderán empleos ligados a este mecanismo, aunque sea subcontratación regulada.
Datos del Inegi indican que en 2019, 4.7 millones de personas, u 8.17 por ciento del total de la Población Económicamente Activa (PEA), que asciende a 57.3 millones, laboran bajo el esquema de outsourcing.
De ese total, el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF) estima que sólo 20 por ciento se quedarán en los centros de trabajo, mientras que el 80 por ciento restante se movería a la informalidad, generando que la tasa de este indicador pase de 54.9 a 61 por ciento.
No obstante, el Gobierno federal argumentóque existen, al menos, mil 200 empresas con esquemas de subcontratación ilegal, que podrían afectar a 862 mil 489 trabajadores; es decir, que del total de empleados bajo terciarización, 18.4 por ciento está bajo esquemas ilegales.
“En la actualidad lo que se hace es confundir con quién es el patrón. Las empresas intermediarias asumen directamente la responsabilidad laboral, pero en condiciones precarias. Éso se pretende eliminar”, indicó el analista laboral.
Agregó que aún con las implicaciones, la reforma es más modesta y sensata de lo que se esperaba; es decir, “no es tan ligera como muchos la querían, pero tampoco es tan radical como se había anunciado por la Presidencia”, que dio a entender que la desaparecería totalmente.
El planteamiento del Presidente es que de las tres figuras propuestas a reformar: la de subcontratación de personal; los servicios especializados, que abarcan a firmas de seguridad privada o de limpieza, y las agencias de colocación, que proporcionan servicios de reclutamiento, selección de personal, registro y localización de vacantes, sólo la primera será eliminada.
Destacan las modificaciones al artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, al establecer que las empresas intermediarias sólo se encargarán de reclutar al personal, más no se considerarán patrones de los empleados; ello recaerá en los contratantes.
En el artículo 13 establece que una subcontratadora no podrá proporcionar el total del personal para otra empresa. “Esto es común, porque la empresa principal evade ciertas obligaciones laborales y fiscales”, consideró el analista.
En el 14, no se considerará contratación de personal de servicios especializados. Esto último fue considerado “subjetivo” por Avilés, ya que no queda claro quién va a determinar la especialidad de las obras.
Tras su entrada en vigor, el próximo 1 de enero de 2021 y después de que la Secretaría del Trabajo expida las reglas, las empresas tendrán seis meses para obtener los permisos correspondientes.
- El dato: El presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, ofreció que cuando llegue la iniciativa presidencial para regular el outsourcing al Senado, se analizará junto con empresarios.
