El Senado de la República perfila hoy la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, de manera unánime, que prevé fijar recompensas de cinco por ciento del total que el Gobierno federal obtenga del inmueble vendido a quien aporte datos a la investigación y no habrá secreto bancario ni se impedirá el acceso a la información contenida en bases de datos bursátiles o tributarios.
De acuerdo con el dictamen aprobado en comisiones el pasado 28 de junio, que sería presentado en el pleno, se prevé cambiar el nombre de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado por el de Instituto de Administración de Bienes y Activos; establece que las facultades del Ministerio Público para demandar la extinción caducarán en un plazo de 10 años y crear un Registro Nacional de Extinción de Dominio, administrado por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Asimismo, se refiere que se aplicará la extinción de dominio para bienes relacionados con la comisión de delitos de la delincuencia organizada; secuestro; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; corrupción; encubrimiento; delitos cometidos por los servidores públicos; robo de vehículos, y extorsión.
Los recursos que se obtengan por la incautación de bienes serán divididos en varias partes, como destinar a un fondo 10 por ciento para resarcir daños a las personas que eventualmente resulten inocentes al final del proceso judicial y en caso de que el bien haya sido donado, destruido o que exista una condición que imposibilite su devolución, se pagará el valor del avalúo del bien al momento del aseguramiento.
Además otra parte de los recursos obtenidos por la venta de inmuebles o bienes materiales confiscados a los delincuentes se destinarán al servicio público, que se utilicen en programas sociales u otras políticas públicas prioritarias.
Los bienes, se señala en el dictamen, podrán disponerse de forma anticipada a favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Fiscalía General de la República (FGR), así como de los gobiernos estatales y municipales.
El Dato: En materia de extinción de dominio, el afectado tendrá derecho al juicio oral, para defenderse, dijo el senador de Morena Félix Salgado.
El nuevo Instituto de Administración de Bienes y Activos y las autoridades competentes de los estados que corresponda, se encargarán de llevar a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, con base en criterios de oportunidad del destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.
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