El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que “la falta de pericia e inteligencia política” de quien encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, detonó la necesidad de una reforma judicial.
“La reforma judicial es indispensable. La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran una constante en los asuntos públicos que a los Poderes les quedaban atribuidos de acuerdo con la Constitución y la ley”, afirmó.
En el segundo foro de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, el legislador reconoció que “esto detonó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero, con base en sus facultades, presentara 20 iniciativas de reforma a la Constitución y leyes reglamentarias, entre las que contempla reformas al Poder Judicial, 16 artículos de la Carta Magna y 11 transitorios”.
Aseveró que, en los primeros tres años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la relación con el Poder Judicial, cuando el ministro Arturo Zaldívar presidía la Corte, fue institucional, sin sobresaltos ni excesos. Sin embargo, añadió, no faltaron iniciativas y propuestas para mejorar la impartición de justicia.
Aceptó que el ministro Zaldívar “planteó una iniciativa insuficiente, incompleta, para que caminara el Poder Judicial. El mandatario (López Obrador) la hizo suya”.
Dijo que en el primer tramo de gobierno no hubo intención de reformas profundas. “Había una relación de colaboración entre los poderes (...) Varias veces le comenté al Presidente la necesidad de presentar iniciativas para reformar este poder, pero él no compartía tal parecer”, apuntó el legislador.
Al inaugurar el segundo foro en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) en Guadalajara, Jalisco, acusó que “tras el nombramiento de la nueva presidenta (Norma Piña) comienza a cambiar la relación entre poderes y, escudándose en que se debería mantener la autonomía, independencia, se empieza a tensar la relación”.
El coordinador morenista en la Cámara alta agregó que los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y distanciarse de lo que era una relación institucional.
“La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente, por parte del Poder Judicial, a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo, comenzaron a deteriorar la relación”, sostuvo.
Respecto a la elección popular, precisó a magistrados, jueces y ministros que nadie será excluido, aunque sí habrá filtros para elegir, mediante el voto popular, a los mejores perfiles que integren al nuevo Poder Judicial.
Monreal Ávila remarcó que no habrá afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. “El sindicato que aglutina a los trabajadores de base de dicho poder no tendrá una sola reforma que les afecte y no hay en los 16 artículos y 11 transitorios (que se propone reformar en la Constitución) algo que les arrebate sus derechos y conquistas.
“A los ministros, a los magistrados y jueces, les decimos que van a poder participar en el proceso electivo”, puntualizó.
TEPJF y Segob van contra juez: ven exceso en ordenar nombramientos
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunciaron que no atenderán la orden de un juez de Distrito para que sean nombradas las dos magistraturas faltantes de la Sala Superior por omisión del Senado, ya que no tiene competencia, además de ser “excesiva e injustificada”.
Con excepción de la magistrada Janine Otálora, adelantaron en un comunicado que presentarán una denuncia penal en contra del impartidor de justicia, Rodrigo de la Peza, ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Luego de una reunión privada en la sede del TEPJF, señalaron que el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México no tiene competencia para ordenar dichos nombramientos e imponer medidas cautelares a los magistrados en caso de no hacerlo en un plazo de 24 horas.
“El TEPJF rechaza de manera categórica el infundado actuar del referido juez de Distrito al pretender imponer, por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica y el propio reglamento, las determinaciones que, para el adecuado funcionamiento de este órgano, competencialmente atañen exclusivamente a la Sala Superior.
“Este órgano jurisdiccional se conduce en estricto apego a la Constitución y las leyes que de ella emanan y, con estas acciones, refrenda su compromiso institucional ante los mexicanos. En el artículo 99 de la Carta Magna se define a este Tribunal como la máxima autoridad judicial en materia electoral”, aclararon.
En el boletín, la magistrada presidenta Mónica Fregoso y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Janine Otálora y Reyes Rodríguez, rechazaron la competencia del juez De la Peza para imponer medidas cautelares dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 969/2024.
“La integración del pleno de este órgano jurisdiccional es materia electoral”, afirmaron tras estimar que las medidas anunciadas por el citado juez “son injustificadas y excesivas”.
Derivado del encuentro privado decidieron no dar trámite a dicha orden judicial. Más tarde, el Gobierno federal advirtió que solicitará juicio político en contra del juez De la Peza López por violar la Constitución al ordenar la designación de dos magistrados para la Sala Superior del TEPJF, ya que “actúa por consigna”.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, anunció lo anterior en redes tras celebrar que los magistrados electorales decidieran no atender la sentencia del juez.
“El día de hoy solicitaremos su juicio político por violar la Constitución. Es evidente que actúa por consigna”, escribió la encargada de la política interior del país.
Agregó: “Muy bien por el Tribunal Electoral, que, frente a la pretendida intromisión del Juez de Distrito, Rodrigo de la Peza López, decide defender su autonomía y su mandato constitucional como máxima autoridad en la materia”.
Previamente, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció la intromisión del juez noveno de Distrito, al ordenar a la Sala Superior nombrar las dos magistraturas vacantes en un plazo de 24 horas tras la omisión de la Cámara alta.
“El fin de semana, el juez Rodrigo de la Peza López concedió una suspensión provisional para que la Sala Superior del Tribunal Electoral designe a dos magistrados electorales, ordenándole que proceda en 24 horas”, señaló a través de sus redes sociales.
El zacatecano consideró que se trata de “una intromisión indebida, el juez viola el Art. 99 de la Constitución y el 167 de la Ley Orgánica de ese Poder. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional y dispone de autonomía e independencia”.
Monreal Ávila dijo que por acciones como éstas, cada día les dan más razones para reformar al Poder Judicial.
Tras la salida de los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante en 2023, la Sala Superior se quedó con cinco de los siete magistrados, y la responsabilidad de nombrarlos recae en el Senado, sin que hasta ahora los haya designado.
Los miembros del Tribunal Electoral federal prevén que después del 3 de agosto elegirán al sexto magistrado al que los obliga la Constitución para calificar la elección presidencial, cuyo plazo definitivo es el próximo 6 de septiembre.
Para poder validar la elección presidencial, la ley marca que se necesita un quorum de seis magistraturas, por lo que la Sala Superior debe llamar a uno de los decanos del TEPJF de cualquiera de las salas regionales o especializada para cumplir con la Carta Magna.
En reforma, abogados piden cambios al PJ, pero de fondo
En el segundo foro de Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial (PJ), magistrados, constitucionalistas y abogados coincidieron en la necesidad de cambiar este sistema para que la justicia sea pronta y expedita, sin embargo, demandaron garantías de que los cambios serán a fondo, de forma escalonada, y no se vuelva a caer en actos de corrupción, nepotismo, donde unos cuantos decidan la aplicación de la ley.
En la sede de la Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, los participantes insistieron en la necesidad de que la reforma incluya también a la Fiscalía General de la República, así como estatales, además de las comisiones de la Verdad, de Víctimas y de Derechos Humanos, o de lo contrario, estará incompleta la reestructuración al PJ.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aclaró que este parlamento abierto no es un acto de simulación, ya que, si bien su bancada posee en principio la mayoría calificada que el pueblo de México le otorgó, en el caso de la Cámara de Diputados, no significa que exista “rajatabla y sinrazón”.
“Esta apertura es un acto de voluntad política impulsada por quien será la próxima presidenta, quien solicitó escuchar opiniones que permitan construir un Poder Judicial honesto, al servicio de la gente y que garantice el derecho constitucional a tener una justicia pronta, expedienta y gratuita”, precisó.
Por su parte, el abogado Juan Alberto Ruvalcaba se pronunció en contra de que los jueces deban hacer campaña, si no que deben estar de la manera más humana, sensible y empática, dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que el país reclama.
“La elección popular de las y los jueces y magistrados, según la iniciativa de reforma, provocaría, vía la propuesta de candidatos a jueces por el Presidente y por los senadores y diputados, la intervención indirecta pero determinante de los partidos políticos en su elección. No sería una auténtica elección popular. No queremos un Poder Judicial que se deba, como ya sucede en algunos poderes judiciales locales, a cuotas de partido”, advirtió.
Con el tema “Conformación y reorganización del Poder Judicial de la Federación”, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, indicó que además de la iniciativa presidencial, se tienen 34 más de legisladores que propusieron cosas similares a las del jefe del Ejecutivo Federal.
Señaló que la idoneidad y excelencia de quien vaya a desempeñar el cargo de juez debe tener ingredientes adicionales a los de un gran jurista, así como visión de Estado, ya que el tribunal de la nación no es la última instancia de cualquier querella.
“Ese concepto de idoneidad debe quedar clara y sencilla, y redactado como una condición previa, de alguien que pueda presentarse ante las urnas para ser ratificado”, apuntó.
Víctor Flores, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sección II, Toluca, aseguró que este gremio respalda la reforma, ya que no puede estar la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura (CJF) en manos de una sola persona.
“Los trabajadores, sobre todo las mujeres, padecen de que no se respeta la igualdad de género, a las mujeres no se les da un tratamiento igual que a los hombres. En el Consejo de la Judicatura existen infinidad de demandas y quejas por acoso sexual, laboral, pago de horas extra que no son cubiertas; jornadas de trabajo de 14 y 16 horas, no se respeta la integridad de los trabajadores”, denunció el líder sindical.
Planteó que en el CJF, así como en el Tribunal de Disciplina Judicial, se integren representantes de los trabajadores que provengan del sindicato, para que exista un contrapeso, y se acoten las facultades del Consejo en materia de administración, vigilancia y disciplina.
Gildardo Galinzoga Esparza, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, propuso que la reforma deberá ser gradual, y los candidatos a juzgadores sometidos al voto popular tengan candados estrictos; sensibilidad a la población más vulnerable y más receptivos, además de la carrera judicial.
“Dicen que la carrera judicial se va a respetar, así que hay que tomar la palabra, imponer perfiles adecuados más allá de la edad, que se tenga carrera sólida no menor a cinco años, no haber sido sancionado por falta grave. En caso de que no se cuente con carrera, las personas aspirantes deben aplicar examen de oposición”, agregó.
Asimismo, opinó que la primera elección popular debe recaer sobre las vacantes que existan de personas juzgadoras, “que sirva como ejercicio piloto para saber si resulta en un éxito, y después la votación popular”.
Advirtió que el nuevo organismo de administración judicial con cinco miembros será rebasado en el corto plazo.
Asimismo, el abogado Jaime Cárdenas, extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), al destacar que es una reforma fundamental, consideró que la elección de los ministros se debe realizar el mismo día en que se elijan al resto de las autoridades de representación popular.
Afirmó, además, que el Tribunal de Disciplina tiene que ser muy poderoso y contar con herramientas para ser capaz de superar el secreto fiscal, bancario, fiduciario, congelar cuentas de funcionarios judiciales vinculados con actos de corrupción, y en la reforma secundaria se establezca el catálogo de delitos para los jueces, magistrados y ministros.
El constitucionalista de Jalisco, Javier Hurtado, aseguró que el PJ no debe ser autónomo; la autonomía es para función jurisdiccional; criticó los altos sueldos de los ministros de la Corte, a quienes de manera burlona, aseveró que “usan la ouija” para emitir sus resoluciones.
Ana Sofía Torres, maestra de la Universidad Panamericana, manifestó que se tiene que cuidar que sean mejores los procesos de elección de los miembros del Poder Judicial, que trasciendan el partidismo, las fórmulas de cuotas y amiguismos. Añadió que un juez ideal tiene que ser ético, probo y conocedor de la justicia.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinoza, externó que para la designación de las futuras generaciones de quienes impartirán justicia, se implementen mecanismos de selección rigurosos que aseguren que las y los candidatos sean idóneos e identificar a los más capacitados, priorizando inteligencia y capacidad sobre la popularidad.
Planteó respetar los derechos adquiridos de quienes actualmente ocupan un cargo de juzgador o magistrado, evitando sentencias nacionales o internacionales con posibles condenas al Estado mexicano; asimismo, considerar el retiro progresivo hasta terminar los periodos por los cuales fueron designados, para que cada vez que se genere una vacante siga el nuevo proceso de designación.
En ese sentido, Carlos Ruiz Moreno, director de la división de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la U de G, señaló que en la propuesta de elección popular de ministros se debe garantizar la gobernabilidad, para no generar una parálisis en las decisiones del pleno de la Corte.
Prevén ajuste a fiscalías si pasa reforma judicial
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que, una vez que avance la reforma al Poder Judicial, se tendrá que continuar con cambios a las fiscalías General de la República y estatales, para “limpiar” todo el sistema, porque “sí puede ser” que no se integren bien las carpetas de investigación.
“Yo pienso que si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías. Son procesos”, explicó, tras insistir en la necesidad de la reforma judicial porque este poder “está completamente echado a perder”.
“Nosotros lo vemos aquí. En un mes dejan en libertad al hermano del jefe del grupo de Jalisco Nueva Generación, un juez. En 24 horas lo detienen y en 24 horas, para fuera. El hijo (Luis Antonio Yépez) del jefe de uno de los de Santa Rosa de Lima (José Antonio Yépez, El Marro), el hijo, 24 horas, afuera”, reclamó.
“En el caso de los delincuentes de cuello blanco, si hay influencias, sale. Bueno, fueron capaces de anular por completo una reforma al Poder Legislativo, dos magistrados. Entonces, sí hace falta ya un cambio en el Poder Judicial”, refrendó.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que una de las justificaciones de los jueces es que liberan a presuntos delincuentes porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo y no integran bien las carpetas de investigación.
“Sí, puede ser, siempre se ha utilizado eso como excusa, pero un juez tiene que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos, o juicio práctico. ¿No se va a dar cuenta de qué personaje se trata? Si está mal integrada la carpeta, ¿por qué no se repone el procedimiento? No le dice al Ministerio Público: aclárame eso.
“No que usa eso como excusa para liberarlo, porque no puso bien la dirección o se equivocó en la hora o el que lo detuvo no tenía facultades para hacerlo”, afirmó.
El mandatario remarcó que no importa que lleve tiempo la reforma al Poder Judicial, porque va a mejorar la vida pública y se tendrá una mejor sociedad, donde realmente exista un verdadero Estado de derecho.
“Si iniciamos con la reforma al Poder Judicial ahora, ahí va, no le hace que lleve tiempo, pero que se vaya mejorando la vida pública para tener una sociedad mejor; pensando en nosotros, a lo mejor ya no nos toca verlo, es lo más probable, pero lo van a ver las nuevas generaciones”, aseveró.
El Presidente López Obrador declaró que, en el caso de las fiscalías, se presenta la denuncia, pero no se le da trámite, lo cual también es utilizado como excusa en el Poder Judicial.
“Reciben la denuncia y no le dan trámite; tiene que haber influencia de por medio o dinero para que le den trámite, pero el Ministerio Público solicita al juez la orden de aprehensión si se trata de un asunto penal, y el juez no le da trámite a la solicitud; ésa es la queja ahora de la Fiscalía General de la República”, apuntó.
El Jefe del Ejecutivo anticipó que nuestro país tendrá un futuro bueno, de justicia, de porvenir, democracia, auténtica legalidad y de auténtico Estado de derecho.
“Están mal las comparaciones, son de mal gusto, más cuando se trata de quien gobierna un país, pero pónganse a pensar cómo están los otros países. México es de lo mejor, no hay en Asia un país así, que esté atravesando por un momento de transformación, un momento estelar”, dijo.
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FGR
