Fernández Noroña niega renuncia masiva de ministros de la Suprema Corte

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, negó que se haya presentado una renuncia masiva de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como trascendió este lunes 28 de octubre.

"No hay tal renuncia en masa de los ministros y ministras de la SCJN", publicó en sus redes sociales, tras aclarar que, seguramente, "están declinando a participar" en la elección de junio de 2025.

Circula rumor de renuncia de 7 integrantes de la SCJN

Este día trascendió en redes sociales que siete integrantes de la Suprema Corte presentarían su renuncia el martes, misma que se haría efectiva hasta agosto de 2025. 

Según el rumor, sólo permanecerían la ministra presidenta Norma Piña Hernández, así como las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.

Ante ello, Fernández Noroña precisó que "de cualquier manera, permanecerán en el cargo hasta agosto de 2025, salvo una excepción que es un mandato que culmina el 30 de noviembre", como el caso del ministro Luis María Aguilar Morales.

... y proponen en SJCN declarar inconstitucional parte de la reforma judicial

En otro tema, el ministro Luis González Alcántara Carrancá propuso declarar inconstitucional parte de la reforma al Poder Judicial con la que se elegirán a través del voto popular a jueces, magistrados y ministros, en una elección prevista para junio del 2025.

De acuerdo con el proyecto, publicado este lunes por la SCJN, el ministro Alcántara Carrancá sugiere declarar inconstitucional la elección por voto popular de jueces de Distrito y magistrados de Circuito. 

Lo anterior, al argumentar que esta disposición atenta contra la independencia judicial y la división de poderes; sin embargo, dejará vigente la elección en las urnas de 9 ministros de la Suprema Corte, así como de 2 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de quienes integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial.

Según González Alcántara, la elección popular de estos cargos pone en riesgo el derecho a una tutela judicial efectiva y el debido proceso, ya que introduce una presión política externa que podría comprometer la imparcialidad de los tribunales.

cehr