La FGR pidió este miércoles prisión preventiva para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y declaró improcedente el criterio de oportunidad.
Emilio Lozoya comparece ante un juez en el Reclusorio Norte, señalado por el caso Odebrecht.
La FGR anunció que lo acusará de cohecho, lavado y asociación delictuosa, por lo que podría alcanzar hasta 35 años de cárcel.
La FGR acusa a Emilio Lozoya de haber usado su petición de criterio de oportunidad para “dilatar y obstaculizar el proceso en su contra”.
“No ha tenido la más mínima intención de reparar el daño. Lo cual era un requisito indispensable”, señala la FGR ante el juez que dirige la audiencia de Lozoya.
Tanto el el fiscal federal Manuel Granados Quiroz como el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, Antonio López García, reprocharon al ex funcionario su cena en un restaurante en Las Lomas al considerar que fue un comportamiento impropio que representa una burla para las autoridades.
"Su comportamiento es sabido, que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas porque ha sido interpretado por la ciudadanía de que ciertas personas imputadas en casos sensibles pueden obtener unas medidas cautelares y otras no, él tenía la obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando", dijo López García.
Manuel Granados Quiroz aseguró que la pena de prisión para Emilio Lozoya, que va de 12 a 35 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, es un incentivo suficiente para justificar la prisión preventiva.
La FGR reveló que Emilio Lozoya cuenta con 2 millones de euros en una cuenta de una empresa "offshore" procedentes de Odebrecht, recursos que mantuvo ocultos y con los cuales puede darse a la fuga, por ello solicita su encarcelamiento inmediato.
Acusó que Emilio Lozoya no ha hecho el mínimo intento ni ha sostenido pláticas para pagar una reparación del daño de 7 millones 385 mil dólares, que es un requisito indispensable para que la FGR pueda negociar un criterio de oportunidad que le permita la inmunidad penal.
"Su actitud ha sido evasiva, grosera (...) no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada", señaló Granados Quiroz.
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