En medio de un enredado proceso, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, permanecerá en prisión a pesar de que la Fiscalía de esa entidad dio marcha atrás a una acusación por el delito de tortura, que ayer derivó en una cuarta orden de aprehensión ejecutada de inmediato en su contra, luego de que obtuvo un amparo que le habría permitido quedar en libertad ante las investigaciones que enfrenta por el femicidio de Ariadna Fernanda.
Por ello, permanece detenido desde hace más de un mes en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó una orden de arresto en su contra, desde su domicilio, tras acusarlo de incurrir en retardo de la justicia para la joven cuyo cuerpo fue hallado el año pasado en territorio morelense tras salir de un bar en la capital del país, con dos personas más.
Como consecuencia de este caso, se ejecutaron otras dos órdenes de aprehensión en su contra por otros cargos: encubrimiento y feminicidio en calidad de auxiliador, pues la fiscalía capitalina aseguró que el cuerpo de la joven sí tenía huellas de violencia, lo cual fue negado a finales por la Fiscalía morelense, que atribuyó la muerte a la ingesta de alcohol.
Respecto a la última acusación, feminicidio en calidad de auxiliador, el Séptimo Tribunal Colegiado le concedió un amparo que le habría permitido salir libre del Centro Federal de Readaptación Social número uno, El Altiplano, en el Estado de México, donde se encuentra.
Sin embargo, a punto de abandonar ayer las instalaciones penitenciarias fue arrestado por cuarta vez, acusado por tortura señalado en una carpeta de investigación que abrieron las fiscalías de Anticorrupción y de Delitos de Alto Impacto.
El delito por el que ahora se le acusó lo vinculaba con la presunta tortura cometida en contra de Luis Alberto N, El Diablo, a quien se le considera como el supuesto responsable del homicidio de tres personas que laboraban para el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en Huitzilac, Morelos.
Cabe mencionar que el proceso por parte de la Fiscalía Anticorrupción fue iniciado una vez que Édgar Núñez Urquiza asumió funciones como titular de la instancia, luego de que un día antes Juan Salazar solicitara licencia del cargo bajo el argumento de que buscaría una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia del estado.
Sin embargo, en el transcurso del día, la fiscalía dio a conocer que inició un proceso para suspender y cesar de sus funciones a servidores públicos de la misma, por presuntas irregularidades, refiriéndose así a Núñez Urquiza.
“En el contexto de nuestra continua labor para prevenir, detectar e investigar cualquier hecho de corrupción, se ha iniciado el proceso para la suspensión y cese de diversas personas servidoras públicas adscritas a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se encontraban bajo investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La decisión de su cese se basará en un proceso de investigación y evaluación, donde serán respetados en todo momento los derechos de los involucrados”, sostuvo en un comunicado.
De inmediato, el cargo fue asumido por Isaías Rodríguez Moreno, quien desistió de las acusaciones por las que había sido aprehendido Carmona Gándara, argumentando que la carpeta de investigación se perdió y no encontraban al Ministerio Público que la elaboró.
Hasta el cierre de esta edición, el juez a cargo del caso no había emitido una resolución, al advertir un posible conflicto de intereses en el actuar de la Fiscalía Anticorrupción para frenar que Uriel Carmona fuera imputado. Aunado a esto, dio luz verde para que interviniera la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar denuncias por la pérdida de la carpeta de investigación.
