Por unanimidad, las 33 fiscalías de México hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que preserve el mandato en la Constitución de aplicar la prisión preventiva oficiosa (PPO) en delitos graves, en sus términos actuales, pues de lo contrario, advirtieron, saldrían de prisión más de 60 mil personas procesadas por esos delitos y, además, mermaría la autonomía del Estado, su seguridad y la justicia penal del país.
La solicitud se realizó en el marco de la asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), integrada por las 32 fiscalías generales de Justicia de los estados y la General de la República (FGR), reunión que fue celebrada a puerta cerrada el viernes pasado.
A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que “se determinó por unanimidad, que debe preservarse la Soberanía Nacional y la Supremacía Constitucional, en su aplicación puntual, ya que, de lo contrario, se mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la que regula la existencia misma, así como las atribuciones de la propia Suprema Corte”.
Actualmente se encuentra en análisis un proyecto de sentencia que propone la anulación del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, el cual ordena la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos considerados graves; entre los que destaca el secuestro, feminicidio, homicidio y la desaparición forzada.
En mayo pasado, los 32 gobernadores y jefe de Gobierno del país presentaron un recurso denominado “amigo de la Corte” o amicus curiae, con el que alertaron a la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, de las consecuencias que traería su eliminación.
Los mandatarios estatales coincidieron en que la eliminación de esta medida representaría un grave impacto en la seguridad pública. Además, esta figura responde a una política de combate al crimen, que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal.
En contrasentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus organismos de derechos humanos, ha pedido suprimir esta figura por, presuntamente, atentar contra las garantías individuales de las personas procesadas penalmente.
El comunicado emitido este domingo por la FGR también señala que “resolver en contra de la Constitución, permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal, lo que implicará que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso”.
Se detalló también que los procesados, a quienes se ha aplicado la prisión preventiva oficiosa y queden en libertad, “pueden atentar en contra de quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir”, pues en esos casos, advirtió, se cuenta con un gran número de casos de esta índole.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la asamblea concluyó que es “indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados”.
