Para garantizar la seguridad y frenar la injerencia de organizaciones criminales en las elecciones, es necesaria la coordinación interinstitucional, así como el cierre al financiamiento privado a campañas, señalaron expertos.
Durante el duodécimo foro de parlamento abierto para la Reforma Electoral: Seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y nulidad de las elecciones, especialistas en la materia mencionaron que los cambios deben darse, mientras estos se centren en la problemática de fondo.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey mencionó que una reforma no debe ser vista como una “cuestión negativa” y que lo importante es lograr consensos para una renovación.
Respecto al tema del debate, Humphrey Jordan recordó que en 2021 se vivió la jornada electoral más violenta, al cobrar la vida de 36 actores políticos, por lo que consideró necesario que los órganos electorales e instituciones encargadas de la seguridad y justicia actúen en conjunto, para que las acciones en materia de fiscalización a partidos y candidatos sean efectivas.
Como argumento, refirió que el INE no ha avanzado en la investigación del caso Odebrecht, vinculado al presunto financiamiento ilegal en las elecciones de 2012, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) ha negado acceso a las carpetas de investigación.
Consideró que aunque los órganos electorales emitan resoluciones en pro de la seguridad de políticos y ciudadanía, esto no servirá de nada si las autoridades encargadas de frenar la violencia no actúan.
Ricardo Suro, fiscal especializado en Materia de Delitos Electorales en Jalisco, dijo que de poco sirve que se dicten medidas de seguridad a actores en riesgo, si las autoridades no tienen la capacidad para brindarla, tal es el caso de los municipios que ya no cuentan con policías ante el dominio de bandas criminales.
Mencionó que cerrar la puerta al financiamiento privado a los partidos políticos es un paso para “complicar” la operación del crimen en las campañas.
“Dicen que para ser un buen policía, hay que pensar como delincuente, entonces ahora hay que ponernos en el zapato del partido político, cómo brincar las reglas que hoy en día están establecidas”, dijo.
Oswaldo Chacón, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, mencionó que la reforma electoral no es prioritaria para el país en este momento, como sí lo es atender la seguridad, migración y la pobreza, factores a los que consideró como parte del fondo del problema en cuanto a la intervención del crimen.
En este sentido, refirión que no ve cómo una reforma podría combatir la estructura de la pobreza, el clientelismo, la corrupción e impunidad que no sólo impactan en la vida electoral, sino al Estado Mexicano y la sociedad en general.
En ese sentido, consideróm necesario que el Estado se fortalezca y recupere presencia ante los grupos que “tienen secuestrados muchos territorios del país”.
María de los Ángeles Fromow, abogada y académica, remarcó que los candidatos y los “participantes” del financiamiento deben ser investigados. Insistió en que la coordinación entre instituciones debe ser agilizada para que los abordajes coincidan rápidamente, ya que “no podemos esperar resoluciones que tarden cuatro años”.
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