La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas, asociadas a 500 mil millones de pesos, por presuntas irregularidades cometidas por proveedores y contratistas del Gobierno federal.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, informó lo anterior en el marco del Día Internacional contra la Corrupción 2020, donde dejó claro que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido para acabar con la corrupción y la impunidad.
“Se han impuesto multas resarcitorias por más de mil 500 millones de pesos, se han recuperado cerca de 10 mil millones de pesos y hemos fortalecido la coadyuvancia con las instancias judiciales, al presentar ante la Fiscalía General de la República más de 500 denuncias penales”, señaló ante representantes de la ONU, PNUD, INAI, la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros.
En la reunión virtual, Sandoval Ballesteros destacó también que tras seis años de declive en el Índice de Percepción Internacional de la Corrupción, México avanzó ocho posiciones, y se dio un salto histórico de 37 por ciento en la confianza ciudadana por la lucha contra este flagelo, según el Barómetro Global.
Subrayó que en el actual gobierno “la corrupción se castiga, las fiscalizaciones de los fondos públicos se ciudadanizan, la denuncia se protege, la transparencia se garantiza y los ahorros en los recursos públicos se destinan verdaderamente a uno de los objetivos del desarrollo nacional: el bienestar de la gente”.
Refrendó que "la corrupción y su hermana gemela, la impunidad, minan la confianza de la ciudadanía, medran con los recursos públicos y hacen fracasar a quienes tienen la responsabilidad de cumplir su objetivo de asegurar el bienestar de la gente”.
Apuntó que la corrupción es también un problema de índole internacional, y en un mundo tan interconectado se vuelve fundamental que todos los países establezcan estrategias conjuntas ante este fenómeno.
La titular de la SFP refirió que recientemente ante ministros y altas autoridades del G20 se señaló que las naciones deben predicar con el ejemplo y evitar que los intereses particulares se antepongan a los nacionales.
Además, añadió, se reactivaron las reuniones de ministras, ministros y altas autoridades de prevención y lucha contra la corrupción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde se propuso aprobar una declaración conjunta de unidad en la región, contra el poder corrosivo de la corrupción, el dispendio, la impunidad y la frivolidad gubernamental.
