El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y contra quien o quienes resulten responsables por la reanudación de la construcción del Tren Maya.
Al presentar la denuncia esta mañana, el legislador argumentó que el funcionario federal se encuentra involucrado en delitos federales “muy graves”, debido al desacato de la orden judicial que se cometió al retomar las obras.
“Es una denuncia fundamental, inédita, me parece en la historia moderna del país, porque estamos enfrentando delitos ambientales muy, muy graves cometidos por la autoridad, y en los cuales, está involucrado el Ejército, algo gravísimo, algo que nunca se había visto en la historia de México, en el cual las Fuerzas Armadas fueron puestas en un estado de vulnerabilidad tan grande como lo ha hecho el Presidente, el Presidente López en el caso del Tren Maya”, dijo.
En ese sentido, también acusó que con la decisión de declararla como obra de seguridad nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo violó la ley, la Constitución, sino también la Ley de Seguridad Nacional “para encubrir los delitos ambientales que está cometiendo en el caso… y con la finalidad de también opacar y establecer un manto de opacidad y corrupción”.
Gabriel Quadri señaló que la reanudación de la construcción resulta violatoria al artículo cuarto constitucional, con el que se establece el derecho a un medio ambiente sano; además, los artículos 73 y 89, relacionados con las facultades en materia de seguridad nacional.
"Entonces, estamos ante una situación en la cual el Presidente López, el Presidente de la República, directamente está ordenando y llevando al Ejército a ubicarse en una posición de delincuente ambiental, violando el Código Penal, violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Amparo, algo gravísimo que nunca había ocurrido”, expuso.
Por separado, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, advirtió que si el Gobierno federal no acata el mandato judicial de suspender la construcción del tramo 5, se podrá ordenar la destitución de servidores públicos por desacato, al incurrir en un delito tipificado en la Ley de Amparo.
“Es necesario acatar el mandato judicial y detener la construcción del tramo 5, a efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, de lo contrario se podrá ordenar la destitución de los servidores públicos en desacato e inclusive dar vista a la autoridad ministerial, porque se estaría cometiendo un delito tipificado en la Ley de Amparo con una sanción de hasta nueve años”, indicó.
En el mismo sentido, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió respetar la suspensión, y acusó que el Gobierno federal y el Consejo de Seguridad Nacional sólo pisotean la ley, sin importar la destrucción del medio ambiente, pues a pesar de que Fonatur pidió revocar la suspensión, el juez determinó que aún no se cumplen los requisitos necesarios.
FGR
