Ganan suspensión contra Ley de Amparo

Las organizaciones Ciudadanas Uniendo Camino por México y otras obtuvieron suspensión de efectos (amparo 1450/2024) sobre la reforma a la Ley de Amparo, con esto se inaplica lo contenido en los artículos 129 y 148 de dicha legislación.

El abogado Joan Ochoa Sada dio a conocer que se obtuvieron suspensiones provisionales contra la reforma a la Ley de Amparo. En entrevista con La Razón, señaló que ellos, como parte de la Asociación “Uniendo Caminos”, se vieron afectados por la Reforma a la Ley de Amparo y que por ello tramitaron precisamente juicio para declararla inconstitucional.

“Se están todavía interponiendo (amparos) y hasta el momento, llevamos firmados 70 amparos, estamos en tiempo para meter a lo mejor unos 10 o 15 más”, dijo el litigante, quien adicionalmente señaló que los ciudadanos están autorizados para interponer los recursos contra la ley del mismo nombre.

Agregó: “Hay gente que ahorita no sabe que promocionamos este tipo de amparos y a lo mejor quiere o quiso ampararse y no lo pudo hacer”.

Asimismo, el juzgado no publicó su resolución, que fue notificada desde el 24 de julio. El extracto publicado sólo menciona que se negó la suspensión provisional para dos de los efectos solicitados por los quejosos, que han presentado 70 recursos contra esta reforma.

El abogado dijo que la audiencia incidental para resolver la suspensión definitiva está agendada para este jueves y, hasta ahora, ninguna autoridad ha impugnado la suspensión provisional.

Uno de los dos temas de esta reforma fue prohibir a los jueces que otorguen suspensiones con efectos generales cuando se impugne una ley, lo que es resultado de varios episodios en este sexenio en los que se frenaron reformas impulsadas por Morena y sus aliados, entre ellos cambios a la Ley de la Industria Eléctrica.

El otro aspecto de la reforma fue eliminar la facultad discrecional de los jueces para conceder suspensiones en ciertos temas en los que por regla general no deben otorgarse, como por ejemplo, para operación de casinos, o cuando el Estado pretenda aprovechar o explotar bienes de dominio directo de la Federación.