Mientras en Estados Unidos enfrenta un amplio juicio por su presunta colaboración con organizaciones criminales, el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, tiene en México pendientes dos órdenes de captura y otra más en trámite.
Este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer más detalles sobre la situación que el exfuncionario, cuyo proceso penal en Estados Unidos está en curso, enfrenta en México, y aclaró que la misma no se encuentra vinculada con el juicio que sigue en el país vecino del norte.
Aunque no ofreció más detalles sobre la tercera orden de captura en curso, recordó las ya giradas por jueces federales competentes, por delitos cometidos en México. La primera está relacionada con la participación de García Luna en la introducción ilegal de armamento, como parte del operativo conocido como “Rápido y Furioso”.
El operativo coordinado por la Agenda de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ocurrió entre el 2009 y el 2011, cuando Calderón Hinojosa llevaba apenas la mitad de su sexenio.El objetivo en un inicio era permitir el ingreso de armas provenientes de Estados Unidos a territorio mexicano, para rastrearlas e identificar a compradores y destinos y, con ello, combatir la criminalidad que ya azotaba al país.
Sin embargo, el rastreo del armamento hasta manos de narcotraficantes para acabar con sus operaciones no se concretó. Por el contrario, los índices de la violencia sí crecieron, al multiplicar el poder del crimen organizado con aproximadamente dos mil armas.
“En este asunto, las armas que las autoridades mexicanas, en su momento permitieron entrar ilegalmente, han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”, señaló la FGR.
La segunda orden de aprehensión corresponde al caso de los Ceferesos (centros federales de readaptación social), en el que se presume que García Luna dañó las finanzas públicas por más de 62 mil 840 millones de pesos por haber adjudicado contratos directamente a empresas para la construcción y mantenimiento de los penales.Se trató de los centros penitenciarios de alta seguridad en los estados de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.
La Fiscalía considera que el exsecretario tuvo un papel fundamental para “generar daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto”, y mencionó que en este asunto el Gobierno de la República ha actuado para revertir los daños sobre los que advirtió.
“Todos esos procedimientos son de la competencia de las autoridades federales mexicanas, por ser delitos cometidos en nuestro país”, aclaró la institución.
De igual forma, la Fiscalía señaló que existen otras dos investigaciones que se encuentran en curso en el país.
