El Senado de la República erogó más de siete millones de pesos para el pago de doctorados en Administración Pública y Derecho para sus integrantes, principalmente asesores, quienes, a pesar de ser capacitados con recursos del órgano legislativo, no tienen la garantía de conservar su espacio laboral e incluso han sido despedidos.
“Formo parte del doctorado que actualmente se cursa, pero esto no me garantiza mi espacio laboral, porque compañeros que anteriormente se prepararon a través del Senado con la UNAM o con el INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), igualmente fueron parte del recorte.
“Había asesores de todos los niveles o del Instituto Belisario Domínguez. Particularmente en los equipos de los senadores de Morena ha habido más ajustes en el personal. Salvo que seas del equipo muy directo de alguien, no estás a salvo, ni con maestría o doctorado”, comentó uno de los participantes en el doctorado en Derecho, quien labora en el Senado y que solicitó el anonimato para evitar riesgos o señalamientos en su trabajo.
Explicó que entre sus compañeros que anteriormente se beneficiaron con los programas de maestría se incluyen entre 10 y 15 que posteriormente fueron despedidos de sus funciones.
“Es muy positivo para nosotros que el Senado se preocupe por la capacitación de sus empleados, sobre todo porque se manejan temas muy delicados en la Cámara, y lo mejor es recibir preparación de alto nivel, como del INAP, pero al tiempo que aprovechamos las maestrías y doctorados, de forma permanente estamos ‘en la tablita’”, agregó.
En apego al Programa de Capacitación y Formación Permanente que aprobó el pleno, el Senado de la República contrató el año pasado los servicios del INAP y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ambas instituciones son “proveedoras” de los servicios educativos que requiere la Cámara alta, los cuales, en contratos anteriores, como ocurrió en el 2017 para la maestría en Administración Pública, ascendieron a tres millones 937 mil pesos.
En el contrato vigente para doctorado, el INAP cobró cuatro millones de pesos, mientras que el convenio actual con la UNAM, para maestría en derecho ascendió a tres millones 158 mil pesos.
Para este periodo, el recinto legislativo estableció convenios para maestrías con otras instancias, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos cursos no representan una erogación de recursos para el órgano legislativo.
El discurso de austeridad con el que se instaló la nueva mayoría legislativa de Morena, sobre la que también recaen las decisiones administrativas, no afectó el Programa de Capacitación y Formación Permanente que avaló el Senado para la anterior LXIV Legislatura y la que está en curso, la LXV, por lo que, bajo la mayoría del partido guinda, se han mantenido montos de entre siete y ocho millones destinados para cursos, maestrías y doctorados.
Los programas de formación permanente incluyen a todos los trabajadores del Senado que acrediten los requisitos necesarios, incluyendo el nivel educativo, lo que considera desde los propios legisladores, como en el caso del morenista Eduardo Ramírez, quien realizó la maestría como parte de estos convenios, pero principalmente se orienta hacia los asesores.
Sin embargo, algunos de los trabajadores que han sido beneficiados insistieron en que la capacitación que les brindan no les garantiza la permanencia del empleo.
Explicaron que, sobre todo al inicio de la anterior Legislatura, en el 2018, y el año pasado, en los recortes de personal que ha habido en la Cámara alta se ha incluido a una parte de los equipos de asesores que fueron capacitados.
El INAP y la UNAM son las principales instituciones educativas con las que el Senado de la República ha establecido convenios para afianzar los títulos profesionales de maestrías y doctorados.
