El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca denunció que las acusaciones en su contra son producto de una persecución política, dictada desde Palacio Nacional, y solicitó desechar la solicitud de desafuero.
Lo anterior a través de un documento que presentó ante a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en el que argumentó violaciones al debido proceso tras la filtración de la solicitud de desafuero.
“Lo anterior constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada, y presunción de inocencia… Derivado de las violaciones a mis derechos humanos durante la tramitación de la o las carpetas de investigación que originan esa solicitud, desechar de plano la misma”, demandó el gobernador.
En conferencia de prensa, sostuvo que las denuncias que se están presentando no son producto de la casualidad, “son producto de una persecución política dada directamente desde Palacio Nacional”, declaró.
El gobernador de Tamaulipas se enteró la noche de este martes sobre la solicitud de desafuero, y la mañana del miércoles tomó un vuelo rumbo a la Ciudad de México, tras haber encabezado una ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera en esa entidad.
Así fue la llegada del gobernador de Tamaulipas a San Lázaro
Llegó a al recinto de San Lázaro a las 13:40 horas, acompañado por el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, su hermano, y los diputados federales por Tamaulipas, Salvador Rosas, Mario Alberto Ramos Tamez, y Vicente Javier Verástegui.
A bordo de una camioneta blanca, García Cabeza de Vaca ingresó por la puerta ocho, ingresó al edificio B y subió un piso por el elevador, custodiado por personal de seguridad para llegar a la oficina del coordinador parlamentario del PAN, en la cámara baja, Juan Carlos Romero Hicks.
Tras unos minutos de charla privada, el funcionario, quien portaba traje y cubrebocas negros, ambos con la leyenda “Tam”, logo de la entidad, así como camisa y corbata azules, cruzó la explanada para dirigirse al edificio H, a unos 100 metros de distancia, donde presentó la petición ante la Secretaría General.
Cinco minutos después, aún sin dar declaraciones, caminó al edificio A, dentro del mismo recinto, donde ofreció un mensaje a los medios de comunicación, en el que no aceptó preguntas bajo el argumento de que aún no conoce los delitos que se le imputan.
“Si hay un delito que haya cometido probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas, un gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas”, declaró.
El gobernador, quien presuntamente está siendo investigado por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y defraudación fiscal equiparada, dijo que seguramente, los representantes del gobierno federal están muy molestos porque los exhibieron al demostrar que el incendio ocurrido en una planta de CFE “lo justificaron con un documento apócrifo”.
Consideró que esto también obedece a que ha sido un férreo defensor de la generación de energías limpias y renovables, además de ser un miembro fundador de la Alianza Federalista “que ha alzado la voz una y otra vez contra las arbitrariedades del gobierno federal”.
García Cabeza de Vaca agregó que pidió copia de la denuncia, misma que le negaron: “Me dicen que ni siquiera cuentan con ella, que probablemente esta semana tendrán acceso a esos documentos, yo espero obtener los documentos para tener una defensa justa y adecuada, y en su momento vamos a defender, a aclarar y daremos a conocer mi inocencia”, expresó.
A las 14:30 horas, el mandatario estatal concluyó su mensaje y caminó hasta el estacionamiento para abandonar el recinto en el que estuvo 50 minutos.
De acuerdo a los plazos legales, este jueves la FGR deberá ratificar la demanda ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, misma que tendrá que remitir el oficio a la sección instructora, que a su vez, tendrá tres días para verificar que la petición cumpla con los requisitos de ley.
Luego de que se determine la legalidad del procedimiento de desafuero, la Sección Instructora contará con un plazo de siete días para notificar al gobernador sobre el inicio del proceso de desafuero, y a partir de ese momento se inicia un plazo de 60 días hábiles para resolver, el cual puede duplicarse.
JVR
