El Gobierno federal declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor debido a la epidemia de Covid-19 en el país, anunció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
Esta determinación, tomada por el Consejo de Salubridad General, conlleva al endurecimiento de políticas con el objetivo de combatir el “rápido ascenso” en la curva de contagios.
Te puede interesar: Repatrian a Ethel y las cenizas de su esposo
En ese sentido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentó las siete Medidas de Seguridad Sanitaria, en las que, como primer punto, se ordena la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril.
No obstante, continúan las actividades esenciales, como las labores de la rama médica, tanto privada como pública; la seguridad pública, procuración de justicia y actividad legislativa; el sector para el funcionamiento de la economía; la operación de programas sociales y la conservación y mantenimiento de infraestructura involucrada en la producción y distribución de servicios indispensables, especificó.
En segundo lugar, se aplicarán las medidas de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud (SSa) en los lugares de labores de sectores esenciales. Y no podrán realizarse reuniones de más de 50 personas.
El punto tres exhorta a la población a cumplir un resguardo domiciliario corresponsable; es decir, la limitación voluntaria de la movilidad.
En la cuarta medida este llamado se aplica de manera estricta a los sectores mayores de 60 años o que padezcan hipertensión, diabetes, enfermedad cardiaca, pulmonar, inmunosupresión o en estado de embarazo, independientemente de si su actividad laboral es esencial.
En quinto lugar, una vez terminada la suspensión de actividades, la Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado.
También, en sexto lugar, deberán postergarse todos los censos y encuestas en el territorio nacional que impliquen movilización de personas y contacto directo.
Por último, estas medidas deberán aplicarse con apego a los derechos humanos.
Respecto a la declaratoria, López-Gatell puntualizó: “declarar la Emergencia Sanitaria no quiere decir un estado de excepción. Lo que nos permite es una mayor efectividad en la coordinación gubernamental y sumar los esfuerzos (...) no queremos vivir el escenario que viven desafortunadamente otros países”.
En cuanto a los avances del Plan DN-III, el encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, destacó que se contrataron mil 330 ventiladores para hospitales pertenecientes al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que fueron asignados a la Sedena y que serán reconvertidos para atender casos de Covid-19.
Los contratos, que fueron cerrados este martes, contemplan la adquisición de equipo de protección personal, medicamentos, servicio de laboratorio, servicio de oxígeno y manejo de residuos peligrosos.
Sedena cuenta con 13 hospitales de zona y 31 unidades operativas, así como 16 nosocomios de la SSa, que suman mil 330 camas para la atención de terapia intensiva, explicó.
Reporta la Secretaría de Salud mil 94 casos positivos y 28 fallecimientos
Por otra parte en el informe técnico se reportaron mil 94 casos confirmados y 28 defunciones por Covid-19.
López-Gatell señaló que si no se acatan las medidas de sana distancia, el país tendría su punto máximo de casos hospitalizados en la primera semana de marzo. En cambio, con estas acciones la cifra se reduciría y aplazaría hasta finales de mayo.
En este sentido, Ebrard Casaubón advirtió que si no se acatan las medidas, el impacto económico podría durar hasta un año.
“Vamos a tener un mes difícil (...) pero si no tenemos este mes y no nos concentramos va a ser, quizá, más de un año el impacto económico”, señaló.
El canciller añadió que las empresas que se nieguen a acatar las políticas recibirán sanciones administrativas o multas. Incluso , si una persona se contagia por este actuar, puede haber hasta consecuencias penales.
Sin embargo, reiteró que ha existido cooperación con el sector privado. “Lo que hemos encontrado es respaldo, incluso han aportado fondos a las distintas instituciones”.