Diputados del Congreso de Guerrero aprobaron este martes el dictamen de una reforma que permitirá crear el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, en el que se establece que quienes estén en dicho registro no podrán postularse para ocupar cargos públicos en la entidad.
Con dicha enmienda se reforma el Código Civil, la Ley del Registro Civil y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero, para permitir la creación de este mecanismo, con la finalidad de garantizar que las niñas y los niños del estado puedan recibir alimentos de la forma adecuada y como lo marcan sus derechos.
El registro estará a cargo de la coordinación técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, y en éste se inscribirá por orden judicial a quien deje de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada o que haya sido sentenciado por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.
Al expresarse en favor del dictamen, durante la sesión ordinaria de ayer en el Legislativo guerrerense, el diputado del PRI Rafael Navarrete Quezada afirmó que los alimentos “son de orden público e interés social”; por ello, los deudores alimentarios deben cumplir sus obligaciones alimentarias “en forma continua y permanente, porque continua y permanente es la necesidad de los acreedores”.
De lo contrario, señaló el legislador que formuló la propuesta, se atenta contra el orden público e interés social y “reduce a la nada los derechos humanos” de quienes tienen la necesidad de recibirlos; es decir, de los pequeños.
En su pronunciamiento, el diputado explicó que el dictamen prevé reformas a la ley electoral de Guerrero, que permitirá que quienes pretendan postularse a un cargo público “salven el filtro de los requisitos de elegibilidad y no hayan sido condenados o condenadas por los delitos de violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria y no estar inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos”.
Esto se aplica a quienes busquen postularse como candidatas o candidatos a diputada o diputado local, gobernador o gobernadora, o miembro de algún ayuntamiento.
Con esto, advirtió, “tendremos candidatas y candidatos con solvencia moral, sin antecedentes de violencia familiar y sin adeudos por concepto de alimentos”.
Navarrete Quezada subrayó que se pretende “garantizar la soberanía del pueblo”, toda vez que, quienes incumplan con esta obligación, simplemente “no podrán aspirar a ser votados, puesto que, quien no es responsable y no le cumple a sus hijos, tampoco le cumplirá al pueblo”.
Para que una persona entre en este registro de deudores alimentarios, basta con que deje de cumplir su obligación alimentaria en forma injustificada por más de 30 días, de acuerdo con lo que marca la ley.
El hecho de que una persona sea ingresada al Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos constituirá una prueba para el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, por lo que, además de lo anteriormente mencionado, se hará la anotación respectiva en los bienes que el deudor tenga inscritos en el Registro Público de la Propiedad y, por lo tanto, no podrá vender bienes inmuebles ni tampoco podrá adoptar.
