Los crímenes que perturban la vida de los pueblos originarios, como el ocurrido el lunes en la Tarahumara, han llevado a que la tasa de homicidios dolosos se dispare 118.4 por ciento, en promedio, durante el primer cuatrimestre del 2022 respecto al mismo del 2021, en 27 de 87 municipios que concentran la principal población indígena de Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Michoacán, donde se han gestado ataques recientes.
Una revisión hecha a los indicadores del Observatorio Nacional Ciudadano muestra que, entre enero y abril, la tasa promedio de estas 27 demarcaciones pasó de 6.5 a 14.2 por cada 100 mil habitantes.
El indicador más elevado correspondió al municipio chihuahuense de Guadalupe y Calvo, localizado en la región serrana rarámuri, con 34.06 asesinatos cometidos. Le siguió Azoyú, Guerrero, con una tasa de 26.17; Zitácuaro, Michoacán, con 25.62, y Mezquitic, Jalisco, con 23.5 crímenes.
A la lista de entidades afectadas por las actividades criminales se suma Nayarit, pues a pesar de que sus municipios con población indígena no presentaron un incremento respecto a homicidios dolosos, las cifras no dejan de ser altas, ya que en Del Nayar, La Yesca, Tepic, Ruiz y Huajicori acumularon 20 carpetas de investigación por la comisión de este delito durante los primeros cuatro meses.
Sin embargo, la preocupación expresada por autoridades no parte únicamente del número de asesinatos que se dan en las comunidades, sino de otras múltiples formas en las que la violencia aqueja a sus poblaciones.
La colindancia de las localidades nayaritas ya mencionadas —y otros municipios de Jalisco con población originaria, como Huejuquilla El Alto, Bolaños y Mezquitic— con el estado de Zacatecas ha sido motivo de preocupación para las comisiones de Derechos Humanos estatales, debido a la ola de inseguridad en esta entidad.
María de la Luz Domínguez, titular del órgano defensor de los derechos humanos en la entidad gobernada por David Monreal Ávila, aseguró que se han hecho varios exhortos a las autoridades de cada estado, a efecto de que se fortalezcan o modifiquen las estrategias de seguridad, para garantizar la pacificación de la región.
“Las comunidades que coinciden en esta parte geográfica, en donde hay una conexión, es en donde hemos observado un incremento de la delincuencia y cómo personas han sido asesinadas. Hay una familia de origen wixárika que se trasladó de una comunidad, me parece que fue de Mezquitic (Jalisco), y al pasar por municipios zacatecanos fueron levantados y asesinados”, relató a La Razón.
Refirió que la única persona sobreviviente fue el padre de familia, quien acudió acompañado por integrantes de la comisión de su estado y recibió asesoría jurídica de la comisión zacatecana, para que fuera recibido en la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.
“Las actividades delictivas han ido en incremento y los delitos se están cometiendo cada vez con mayor crueldad en aquella región, particularmente las comisiones de Derechos Humanos de Zacatecas, Nayarit, Jalisco y también Durango, hemos hecho este llamado urgente a las fiscalías, secretarías de Seguridad Pública y gobiernos estatales”, comentó.
Además, refirió que la situación que atraviesa la región ha orillado a las familias a sumarse a la lista de víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la inseguridad.
“No sólo se han denunciado amedrentamientos, también se han denunciado desapariciones. Es una región en grave situación de violencia, por lo que desde las comisiones de Derechos Humanos hacemos un llamado al Gobierno federal a que sean instancias como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional quienes intervengan para que implementen un operativo que genere la protección de los derechos de las personas que habitan estas comunidades y que, en su gran mayoría, son indígenas”, dijo.
- El dato: organizaciones que integran IPRI México sistematizaron casos de violaciones a derechos humanos contra comunidades originarias en Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Michoacán.
