El Instituto Nacional Electoral (INE) alista una controversia constitucional para impugnar la segunda parte del Plan B que avaló el Congreso de la Unión, en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y considera la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda suspender su aplicación.
En entrevista, la consejera electoral Carla Humphrey —quien aspira a la presidencia del Consejo General, en relevo del consejero presidente Lorenzo Córdova— explicó que el órgano electoral está preparado para controvertir, ante el máximo tribunal del país, las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Humphrey señaló que, una vez que la enmienda sea publicada en el DOF, se procederá a la presentación del recurso, aunque, al igual que en la controversia anterior, cuentan con un plazo de hasta 30 días para poder proceder.
Dijo que, por separado, se le dio una instrucción al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, para que presente una controversia constitucional por las implicaciones de la reforma, la cual también se hará en dos partes: la primera, correspondiente a lo que en principio se aprobó del Plan B, y la segunda será a las otras cuatro disposiciones legales que, posteriormente, fueron avaladas por las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Explicó que, con independencia de lo que ya han explicado los consejeros electorales en varias oportunidades sobre el impacto que la reforma tendrá en el servicio profesional electoral y los efectos negativos hacia el personal que labora en el instituto, lo que se debe considerar es que el Plan B tiene elementos inconstitucionales e ilegales.
Sin embargo, también recordó que no sólo es el INE el que impugnó y controvertirá estas reformas, por lo que la SCJN tiene un paquete de recursos en contra de la Reforma Electoral.
Apuntó que son 90 días antes del inicio del proceso electoral cuando, por criterio constitucional, el máximo tribunal del país podría resolver, por lo que estimó que esto abriría la puerta para que la Corte quizá no resuelva, sino que otorgue una suspensión provisional al Plan B.
“Quizá la decisión de la Suprema Corte va a ser si otorga una suspensión provisional, lo que quiere decir que tenemos que seguir operando con el marco legal todavía en vigor, porque hay que recordar que hay otro plazo encima, el del artículo 105 constitucional, que impide que haya modificaciones sustanciales a las normas 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Eso, ¿qué quiere decir? Que, si la Corte suspende y no resuelve antes de esa fecha, entonces nuestro proceso electoral iniciaría en septiembre y no en noviembre”, explicó.
Apuntó que fue el ministro, Alberto Pérez Dayán, quien ya determinó la suspensión para la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que venía en el primer paquete del Plan B de la Reforma Electoral.
“No podrán tener impacto en el proceso electoral de Coahuila y el Estado de México, porque se aprobaron en tiempo de veda y los procesos electorales empezaron la primera semana de enero.
“Entonces, estaríamos ante un supuesto parecido ante el inicio del proceso presidencial”, indicó.
