El exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández, no recuerda haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, según su declaración ante el Ministerio Público.
Lo anterior fue consignado por el portal Animal Político en su edición de este jueves 26 de mayo, debido a la investigación que hace la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso, cuyo expediente ya se presentó ante un juez.
Ovalle fue removido de la dirección de Segalmex sin mayor explicación y fue enviado al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación.
Durante la entrevista con los fiscales de la FGR, el funcionario dijo que no podía reconocer la autenticidad de su firma porque no le estaban presentando el oficio original, sino una copia. "De la firma que aparece en el documento, y que se me atribuye, no podría reconocerla, ni mucho menos ratificarla, debido a que el documento que se me pone a la vista es una copia simple, que no se encuentra legible y no se aprecia de manera nítida la firma que se me atribuye”, refirió.
Pero después dijo que, suponiendo que sí hubiera firmado el oficio, pudo no haberse dado cuenta de la relevancia de su contenido, porque, en su cargo de director de Segalmex, solía signar numerosos documentos a diario y no revisaba todos, pues, justificó, para eso estaban los directores generales.
“Ahora bien, en caso de que dicho documento, si lo hubiera firmado, éste pudo haber sido introducido entre un conglomerado de documentos que firmo a diario, y que por su volumen no me es posible leer a detalle cada uno de ellos, pues para eso se establecen las direcciones generales a las que les corresponde la revisión exhaustiva de los temas especializados, y de los cuales me dan cuenta mediante acuerdo. Por lo que, reitero, no recuerdo que se me haya informado del tema, y mucho menos que lo haya autorizado en esas condiciones, debido al riesgo que implica la inversión bursátil”, aseguró.
Ovalle reconoció que la ruta legal para autorizar las inversiones bursátiles era someter la propuesta a consideración del Consejo de Administración, máximo órgano de dirección de la empresa paraestatal, y no la firma del oficio que finalmente suscribió.
“Tampoco recuerdo haber tenido un acuerdo sobre ese tema (de las inversiones) con René Gavira Segreste, ya que, por la trascendencia del monto que sería motivo de inversión, lo hubiera llevado como acuerdo ante el Consejo de Administración de Segalmex; esto, debido a que todos los asuntos relevantes de la dependencia que represento, los presento ante el Consejo para su aprobación”, comentó.
FGR denuncia el uso ilegal de 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex y Liconsa
La FGR denunció ante un juez federal el uso ilegal de 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados.
La acusación no solo señala que dichas inversiones fueron ilícitas, sino que, además, se denunció el “extravío” de 10.6 millones de pesos en rendimientos que no fueron depositados a las cuentas institucionales.
Del total del monto invertido, 850 millones de pesos fueron tomados del presupuesto de Liconsa, y los restantes 100 millones del de Segalmex, ambas instituciones dirigidas por Ovalle.
