Ahora que ha sido promulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la implementación del Plan B de la Reforma Electoral se traducirá en una “herida de muerte” para el régimen democrático del país, advirtió el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En la edición 64 de la Serie de Opiniones Técnicas sobre temas de Relevancia Nacional, “Radiografía del Plan B: la reforma electoral de 2023 a examen”, diversos especialistas detallaron las múltiples consecuencias que, dicen, habrá no sólo contra el Instituto Nacional Electoral (INE), sino contra derechos constitucionales en esta materia y que se construyeron durante los últimos 30 años.
En el documento se afirma que no es una exageración decir que la reforma “significa el fin de la autonomía constitucional” del órgano electoral.
Esto porque revincula al INE con el Poder Ejecutivo, como en los años de 1990 a 1996, cuando la Secretaría de Gobernación presidía el Consejo Electoral del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), que funcionó entre 1990 y 2014.
“El plan consiste en conseguir, por la vía de las reformas legales, los objetivos primordiales de la reforma constitucional: maniatar al INE y abrir oportunidades al gobierno para intervenir de forma activa en las contiendas y en la administración electoral, asegurando así ventajas competitivas para su partido. De prosperar este plan y organizarse los siguientes comicios federales bajo las leyes propuestas, es muy probable que el régimen democrático quedaría herido de muerte”, se lee.
Los investigadores advierten que los cambios legales para modificar la concepción del concepto “propaganda gubernamental” darán rienda suelta a los servidores públicos para inmiscuirse en las campañas.
Alertan que las células operativas del INE se verán “asfixiadas” porque les será materialmente imposible cumplir con las funciones que realizaban, ante el recorte de personal que sufrirán equivalente a 84.6 por ciento de las plazas.
“Con la modificación para que los módulos pasen a lugares públicos, se advierte que la autoridad electoral estará sujeta a la presión de las autoridades locales y provocará confusión, así como la vulneración de la base de datos del padrón electoral, pues al compartirse en espacios con gobiernos, se vulnerará el proceso de seguridad y protección”, se lee en el documento.
Entre los párrafos, se apunta que, ante tal escenario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará en condiciones de proteger el Estado de derecho y la Constitución que las reformas impulsadas desde el gobierno “vulneran por doquier”.
En el documento realizado por los investigadores del instituto también se destaca que desde 1977 hasta el 2014, todas las reformas electorales habían sido precedidas por “sendos procesos de discusión y participación” de los partidos en la oposición y de amplios sectores de la sociedad civil.
