Para “modernizar” y darle “legitimidad democrática” al Poder Judicial de la Federación (PJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que sus miembros sean electos por voto directo, por lo que tendrán que hacer campañas, spots y participar en debates.
Dos de las reformas estratégicas que el mandatario envió al Congreso de la Unión impulsan modificar radicalmente las estructuras internas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —que desaparecería—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE, así como sus similares estatales.
Establece mecanismos que, dice, harán un combate efectivo contra “la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del PJ, abriéndolo al escrutinio público”.
Plantea que para el proceso electivo de los ministros, los tres Poderes de la Unión postularán 10 candidaturas cada uno y el proceso estará en manos del que se convertirá en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituirá al INE.
Los candidatos deberán participar en debates organizados por el instituto y en campañas. Se facultaría al TEPJF para resolver las impugnaciones, calificar la elección y declarar los resultados, para que los electos asuman el cargo el 1 de septiembre.
Para subsanar la falta de justicia pronta y expedita, va por sustituir al CJF por dos nuevos entes: Uno es el órgano de administración judicial, y el otro es el Tribunal de Disciplina Judicial, el cual se encargaría incluso de atender casos de corrupción de jueces locales, que podrían ser sujetos a juicio político en San Lázaro.
La reforma judicial ratifica que se debe privilegiar la política de austeridad, por lo que se modificarían diversos artículos para que los ministros de la SCJN, magistrados y jueces no perciban una remuneración superior a la del Presidente de la República.
Otros cambios sustantivos señalan que se elimina el “haber por retiro” o pensión vitalicia, se reduce de 11 a 9 la cantidad de ministros y se eliminan las dos salas de la Corte. También propone que las ministras y ministros durarán en su encargo 12 años improrrogables; es decir, una reducción de tres años al periodo actual.
La elección por voto directo también alcanza a los consejeros del que plantea como nuevo INEC, además de los magistrados del TEPJF, cuyos aspirantes, según la reforma electoral, serían propuestos por los tres Poderes de la Unión.
El INEC, que sería conformado por siete personas (en el Consejo General son 11), se encargará de organizar los comicios de sus propios integrantes, así como de los del PJF, entre los que también repartirá los tiempos del Estado, pues propone una nueva forma de comunicación política.
Plantea un esquema de ahorro de recursos que incluye reducir a la mitad el financiamiento público de los partidos y permite el financiamiento privado sin rebasar los límites y con apego a la fiscalización.
Además, “borra” los 200 diputados federales y los 64 senadores plurinominales, al igual que 459 legisladores locales, con base en un cálculo de la población de cada estado, y elimina todas las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, de las entidades.
Como el nuevo INEC se encargará de lo relacionado con las consultas y la revocación de mandato, bajaría de 40 a 30 por ciento el requisito para que sus resultados sean vinculatorios y abre la puerta a someter a consulta temas que actualmente no se pueden.
