En 19 entidades del país —59 por ciento del territorio nacional—, el nivel de impunidad para el delito de feminicidio, como del que fue víctima en grado de tentativa la saxofonista María Elena Ríos, supera el 50 por ciento.
Un estudio elaborado por la organización Impunidad Cero advierte que este delito, que acaba con la vida de las mujeres, sólo ha resultado en sentencia condenatoria para el 43.4 por ciento de los casos entre el 2016 y el 2021, por lo que la impunidad acumulada en dicho periodo se establece en 56.6 por ciento a nivel nacional.
Con excepción de la Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Sonora, Querétaro, Yucatán, Zacatecas, Aguascalientes y Chiapas, la impunidad por asesinar a una mujer persiste en niveles dentro del 52.7 por ciento al 79.1 por ciento para Baja California, Estado de México, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Nuevo León y San Luis Potosí.
En tanto que para Tabasco, Guerrero, Morelos, Puebla, Colima y Chihuahua, el nivel va del 83.9 al 98.9 por ciento, mientras que en los sistemas de justicia penal de Tlaxcala y Oaxaca la impunidad ha sido total, del 100 por ciento.
En los casos de Veracruz y Campeche, no cuentan con una evaluación correspondiente al periodo 2016-2021; sin embargo, Campeche ya registró impunidad en 88.9 por ciento de feminicidios en el 2021 en el mismo estudio.
Entre las causas principales de los “alarmantes” niveles, apunta la organización en su análisis divulgado en diciembre, está la baja capacidad de las autoridades para investigar y esclarecer los delitos.
En Oaxaca, donde el juez del Tribunal Superior de Justicia, Téodulo Pacheco, concedió prisión domiciliaria al exdiputado Juan Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista, se impusieron 586 medidas cautelares en el 2021.
De acuerdo con la base de datos Lab Justicia, que presentó recientemente México Evalúa, el 47.8 por ciento de éstas fueron en libertad, mientras que sólo el 10.7 por ciento correspondió a prisión preventiva justificada; es decir, aquella en la que se han reunido las evidencias para concluir que el imputado en libertad representa un riesgo para la justicia.
Ante la resolución del juez Pacheco en el caso de la saxofonista, diversas instancias y hasta el Poder Ejecutivo local manifestaron preocupación por lo que el hecho representa para el sistema de justicia y para la víctima.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca consideró que: “La falta de acceso a la justicia en delitos cometidos contra las mujeres implica que la violencia sea permitida y tolerada, lo que facilita su perpetuación”.
Reprueban fallo a favor del agresor de María Elena Ríos
Diputados reprobaron la resolución del juez Teódulo Pacheco con la que concedió el cambio de la medida cautelar para conceder prisión domiciliaria al exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual de intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos.
Elizabeth Pérez, del PRD, subrayó que este día no se tiene que olvidar, porque “ha quedado libre un feminicida” y subrayó que la saxofonista fue víctima, ahora no sólo de quien ordenó el ataque en su contra, sino también del Estado.
“Hoy están a punto de liberar a un violentador, hoy están a punto de poner en riesgo otra vez en peligro la vida de María Elena Ríos y no, no se los vamos a permitir. Actúen con la legalidad que corresponde”, dijo.
Ante esto, pidió al gobernador de Oaxaca, donde ocurrieron los hechos y donde reside la víctima, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que protejan a María Elena Ríos.
El diputado petista Gerardo Fernández Noroña señaló que el juez debe ser removido de su cargo, pues “es evidente que su veredicto está torcido por el dinero”.
Del PRI, Melissa Vargas también manifestó su rechazo al recordar que el partido lo expulsó y exigió que el señalado como responsable lleve su proceso en prisión.
También hubo pronunciamientos desde el Poder Legislativo a nivel local, pues la diputada Mariana Benítez, presidenta de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género de la LXV del Congreso, condenó la determinación.
“Este hecho representa un retroceso a la justicia en Oaxaca, porque se trata de un golpe en la cara de todas las mujeres que día a día luchan para lograr que se castiguen a los agresores y responsables de la ola de violencia feminicida”, aseveró.
