Luego de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vetó los nombramientos de dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el órgano autónomo decidió activar el mecanismo de defensa que la Constitución establece y anunció la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ante el riesgo de quedar inoperante el próximo 31 de marzo, el pleno celebró esta noche una sesión extraordinaria en la que acordó nombrar al director general de Asuntos Jurídicos, como el representante legal para que interponga el recurso legal ante el máximo tribunal.
El director jurídico, Gonzalo Sánchez, advirtió que de no contar con los nombramientos faltantes, el pleno quedaría inhabilitado para sesionar a partir del primero de abril, con lo que además de incumplir lo que la Constitución le encomienda, atentará contra los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de la población.
Explicó que también se solicitará una suspensión, con la finalidad de impedir que el máximo órgano de gobierno del INAI quede inhabilitado.
La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, externó que la “casa de la transparencia vive un momento extraordinario”
“La defensa y promoción de los derechos humanos que tutela el INAI no es una opción para la democracia mexicana, es un imperativo irrenunciable del que somos responsables todos los sectores de la sociedad”, dijo.
La comisionada Julieta del Río subrayó que semana a semana, el órgano ha resuelto 500 recursos de revisión y que tan solo en 2022 atendió 24 mil.
Aclaró que el riesgo de que el pleno quede inhabilitado no significará que el Instituto deje de trabajar en las demás áreas que atienden, pero que la parte medular, que es la resolución de recursos, sí se frenará.
El comisionado Francisco Javier Acuña, quien concluirá el tiempo designado en el cargo en unos días, dijo que llevar a la Corte el examen constitucional ante una situación de “omisión” responde a una previsión para que “no quede en nosotros la gravísima responsabilidad de la interrupción de las condiciones para que el ejercicio de los derechos encuentren satisfacción”.
Dijo que ellos no califican la circunstancia que hoy pasan, sólo piden a la Corte que “entre en remedio”.
“La máxima autoridad en este país no es el Ejecutivo, no es el Legislativo, sino es la cabeza, el Poder Judicial de la Federación cuando actúa como tribunal constitucional y entra en remedio de situaciones que ponen en peligro en riesgo inminente y la imposibilidad material para que los derechos fundamentales sean tutelados de manera ordinaria”, dijo.
DGC
