El Instituto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a Diconsa, S.A. de C.V. a transparentar los contratos con la empresa Gainmate Comedores Industriales, S.R.L de C.V., señalada por presuntas irregularidades en contrataciones.
La comisionada ponente Norma Julieta del Río Venegas explicó que una persona solicitó los contratos correspondientes al periodo del 1 de enero del 2019 al 17 de octubre de 2022.
No obstante, el sujeto obligado reservó por cinco años la información, por lo que la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el órgano de transparencia.
Al llamado del Inai, Diconsa argumentó que los registros, al estar sujetos a investigación, son “estrictamente reservados” y sólo las partes involucradas tienen acceso a ellos.
“Está salvaguardando la vida privada, la administración de justicia y la presunción de inocencia”, indicó la entidad que forma parte, junto a Liconsa, de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), órgano desconcentrado, encargado de la autosuficiencia alimentaria en el país.
Ningún derecho es absoluto y las autoridades no pueden aludir esta causal de reserva sin antes llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita fundamentar y motivar la negativaNorma Julieta del Río<br>Comisionada del Inai
La comisionada Del Río Venegas advirtió que Diconsa no tiene el carácter de autoridad en las carpetas de investigación, pues indagar delitos federales es una facultad exclusiva del Ministerio Público, por lo que no se actualiza la causal de reserva prevista.
“Ningún derecho es absoluto y las autoridades no pueden aludir esta causal de reserva sin antes llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita fundamentar y motivar la negativa”, enfatizó Julieta Del Río.
En septiembre de 2022, una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer un caso de ventas inexistentes de 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex, por un monto de 465 millones de pesos.
Para esto, según la investigación, el nombre de una ama de casa, Dafne Pomar, fue utilizado para crear la empresa Servicios Integrales Carregin, en el 2020, la cual cuenta con una denuncia por parte de Segalmex ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Dicha empresa también tiene como accionista a Jorge Saúl Romero, quien vive en una colonia popular del Estado de México.
Entre las acciones emprendidas por la FGR están la obtención de una orden de aprehensión en contra de Eduardo Murillo Landeros, uno de los apoderados legales de Gainmate Comedores Industriales y otras dos proveedoras de Diconsa.
En la investigación se apunta que entre 2020 y 2021, en plena pandemia, esta empresa obtuvo alrededor de 15 contratos por adjudicación directa por parte de Diconsa por 19 millones 659 mil pesos para abastecer alcohol, gel antibacterial, galletas, soya y botellas de agua purificada.
