El abogado Jorge Vázquez Campbell, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y a su salida, indicó que fue el jefe de la agencia migratoria en Chihuahua quien dio la orden de no abrir la celda del centro de detención de Ciudad Juárez donde se produjo la muerte de 39 migrantes.
Vázquez Campbell dijo que prefería no otorgar la identidad de sus representados ya que desea proteger su seguridad, debido a que, algunos de los familiares de sus clientes ya han recibido amenazas por parte de algunas autoridades, esto, sin precisar cuáles autoridades cometieron dicho acto.
El miércoles las autoridades anunciaron que ocho trabajadores del centro de detención de migrantes, tres de ellos funcionarios, estaban bajo investigación y que se preparaban varias órdenes de aprehensión, entre ellas la de un migrante, a quien responsabilizan de iniciar el incendio.
Dio la orden a través de una llamada telefónica
En la denuncia presentada esta tarde, se menciona que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, contraalmirante retirado, Salvador González Guerrero, fue quien giró la orden a través de una llamada telefónica para que dejaran en el incendio a las personas que estaban en el lugar.
Hasta el momento el gobierno dio la orden de investigar a cinco guardias de seguridad privada, pero también hay dos agentes federales de Migración y un funcionario del estado de Chihuahua.
Un migrante habría pedido un cigarro y un encendedor
Vázquez Campbell, refirió que en su primera entrevista con los clientes que hoy son señalados como responsables, dijeron que momentos antes del incendio un migrante pidió un cigarro y un encendedor y empezaron a hacer su protesta, aunque aclaró que son datos, aún muy básicos, pues “hay comentarios encontrados y habrá que emparejar datos”.
“Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón, ellos recibían burlas constantes y despojos”, dijo el litigante, quien asegura que después de ese acto, los guardias de seguridad, algunos del INM y otros de la empresa privada SEICSA avisaron a González Guerrero.
“Ellos indican que después de la llamada telefónica, el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto los dejaran salir”, concluyó.
