El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) alertó sobre los retrocesos, la amputación a la estructura del organismo y la “grave herida” que representa el Plan B de la Reforma Electoral para la democracia mexicana, por lo que los consejeros electorales llamaron a la mayoría legislativa a recapacitar.
Durante la sesión extraordinaria, a propuesta del consejero presidente se presentó el informe elaborado en colaboración con toda las instancias de INE, en la que se detallan las afectaciones que generará y se coincidió en la necesidad de que se presenten los recursos necesarios para impugnarla.
“Lo que el informe hace patente es el riesgo en el que se colocaría al sistema electoral mexicano, que ha generado estabilidad y paz social al comprometerse la autonomía del INE, al mermarse indebidamente la estructura territorial de los órganos ejecutivos en las entidades y distritos, al deteriorarse los procedimientos de capacitación y organización electoral que posibilitan la emisión del voto libre y el cómputo efectivo y eficiente de los sufragios, para traducirlos en resultados electorales”, detalló el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
Agregó que el Plan B también representa “dar marcha atrás en la representación política de los más desfavorecidos y discriminados, la puesta en predicamento del modelo de fiscalización electoral, la puesta en peligro en la que se colocaría los datos personales de millones mexicanos, el desconocimiento de los derechos laborales del personal del instituto, así como el quebrantamiento del sistema federal como instrumento de distribución territorial del poder público”.
El consejero Jaime Rivera consideró que la afectación más grave es que la reforma propone la amputación de los órganos distritales del INE, de modo que busca suprimir los brazos ejecutores de sus atribuciones.
“Afecta la equidad con la propaganda gubernamental de una manera burdamente favorecedora al gobierno. Se ofrece manga ancha a los funcionarios públicos para intervenir en las elecciones, es decir un retroceso de varios años”, señaló.
La consejera Carla Humphrey apuntó que con el Plan B se retrasa una década el que México pueda contar con un voto electrónico, mientras que en lo que se refiere a la violencia política, la reforma no acogió la posibilidad de cancelar las candidaturas de quienes incurran en esta falta.
Señaló que es preocupante que sea una reforma hecha para dañar a la institución y desconociendo todo su funcionamiento, por lo que llamó a los legisladores a que recapaciten.
El consejero Martín Faz dijo que ante el cúmulo de irregularidades que traerá la reforma a los procedimientos se abrirán flancos para la anulación de comicios.
El consejero Ciro Murayama puntualizó que el informe presentado en el Consejo General deja claro que el denominado Plan B es contrario a la Constitución.
En este contexto, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, señaló que lo favorable es que con las acciones de inconstitucionalidad existe la posibilidad de que el Plan B sea corregido por la Suprema Corte.
En el mismo sentido se expresó el representante de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro, quien pidió a los trabajadores de el INE que se amparen.
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