El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ordenó al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, que proceda a la presentación de los recursos jurídicos en contra del Plan B de la Reforma Electoral.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, todos los consejeros electorales hicieron la petición formal al presidente del órgano para que se proceda a la impugnación de los cambios legislativos aprobados en el Congreso, porque contravienen las normas constitucionales y por sus afectaciones al sistema electoral mexicano.
“En atención a lo que todas y todos los consejeros me han solicitado, instruyo al secretario ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o que en cuanto tengan vigencia en razón de su potencial desapego a la Constitución”, ordenó Córdova.
Al cerrar el debate que se dio durante el debate en torno al diagnóstico que elaboró el INE, con la participación de cada una de sus áreas, sobre el impacto del Plan B, el consejero presidente manifestó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encargue de “salvar a la democracia”.
“En este momento confío en que en la Corte, la Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad de este país”, expresó.
Al igual que los otros consejeros electorales, llamó a la mayoría legislativa a detener el desmantelamiento de la democracia mexicana, pero reconoció que era “un llamado infructuoso”.
Córdova dijo que se estaba ante la primera Reforma Electoral regresiva para la democracia y advirtió que su aplicación traerá una inédita incertidumbre para los comicios más grandes, los de 2024.
En ese sentido, el consejero presidente del INE alertó que los mexicanos tendrán que prepararse para semanas de conflicto en los comicios del año próximo.
“Si se aplican las disposiciones que dinamitan el servicio profesional electoral, las que recortan los tiempos para la capacitación de quienes cuentan los votos y para la organización de la elección misma y si se mantienen las disposiciones para de la nueva Ley de Comunicación Social que vulnera el principio constitucional de imparcialidad en el uso de recursos públicos y de equidad en las elecciones, todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”, señaló.
JVR
