El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las leyes aprobadas dentro del Plan B de la Reforma Electoral.
El órgano electoral presentó el recurso ante el máximo tribunal del país en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El documento fue registrado por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia y el acuse de recibo se marcó con fecha del 1 de febrero.
El instituto explicó que interpuso el recurso debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el decreto publicado crean condiciones que merman su autonomía y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.
“Siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, apuntó.
En su recurso, el INE remarca que el decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
La autoridad electoral señaló que Morena incurrió en un evidente fraude a la ley al dar trámite urgente y dispensar todos los trámites legislativos correspondientes.
DGC
