El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que iniciativa presidencial en materia energética, que busca dar prioridad para que la CFE sea quien suministre la energía eléctrica del país, no atenta contra las inversiones tal y como lo han afirmado diversos expertos.
“Lo que nosotros queremos no es atentar contra la inversión, simplemente intervenir en esta reforma (…) y lo vamos a hacer en apego a la ley. Es falso que en los transitorios estén atentados contra la inversión. Es simplemente ajustar esto a condiciones claras, equitativas, que redunden en beneficio de los consumidores y que no atente contra el patrimonio en condiciones injustas de competencia”, declaró.
Adelantó que a las 14:00 horas de este martes, se reunirá con diputados de su bancada, así como del partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Social, a quienes les pedirá que acompañen la iniciativa.
Mier Velasco, insistió en que la modificación es necesaria, pues en la pasada reforma energética se establecieron condiciones desventajosas que atentan incluso contra el mercado nacional.
En contra, se manifestaron los coordinadores del PAN y PRD. Verónica Juárez, líder de los diputados perredistas, advirtió que la propuesta es inconstitucional, y contraviene los tratados del TMEC.
“Es una decisión apresurada del Presidente que, ante la posibilidad de que Morena pierda la mayoría en el Congreso en las próximas elecciones, intenta que este periodo se apruebe una reforma que es inviable en muchos sentidos. Primero, porque no garantizaría el abastecimiento eléctrico -ya hemos sido testigos de grandes apagones por las fallas de este gobierno en el sector-, segundo porque no garantizaría el derecho de las y los mexicanos a energías limpias, tercero porque se enfrentará con una serie de controversias al afectar a empresas que han invertido sumas millonarias en la industria a partir de 2013 y cuarto porque contraviene los compromisos del Estado Mexicano en el T-MEC”, apuntó.
Señaló que si Morena se empeña en aprobar tal cual la iniciativa, habrá dos consecuencias inmediatas, “la judicialización de la ley por las impugnaciones a las que se enfrentará; y el freno a las inversiones, porque ninguna empresa querrá invertir en el sector y en el país frente a la incertidumbre legal”.
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Partido Acción Nacional, declaró que "manejar la producción eléctrica con criterios políticos e ideológicos no sólo no es el camino a nuestros problemas, sino que será más caro e ineficiente".
Explicó que su bancada hará una evaluación "profunda y amplia", por lo que propuso la instalación de un parlamento abierto en la materia.
"Se requiere un procesamiento profundo y amplio en Parlamento Abierto con actores y especialistas, dónde haya un diagnóstico y tratamiento integral del sector, que se conozcan las mejores prácticas internacionales, que haya una evaluación a la luz de tratados internacionales, que haya un examen del filtro constitucional, y que haya una valoración de todo el marco vigente de legislación integral, normatividad laboral y compromisos jurídicos de la CFE", indicó.
Además de lo anterior, lamentó que el presidente haya enviado como iniciativa preferente "caprichos distractores ideológicos".
"En lugar de iniciativas estratégicas y sensibles como lo es la atención de la pandemia y la educación, la economía, el empleo y el ingreso familiar, la violencia y la inseguridad, así como la corrupción y la impunidad", concluyó.
