Los seis miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) renunciaron este lunes al cargo, luego de denunciar que este organismo autónomo parece atender intereses diversos a los de la defensa y protección de las garantías individuales.
“Un órgano que debiera ser autónomo -la CNDH- pareciera estar atendiendo intereses diversos a los de la defensa y protección de los derechos humanos, razón por la cual es que, ante los múltiples obstáculos que nos han hecho prácticamente imposible cumplir con la noble función que nos fue encomendada, y considerando que nuestra presencia parece solamente legitimar algunas arbitrariedades, interpretaciones sesgadas y decisiones unilaterales de la Presidencia de la CNDH, decidimos de manera unánime renunciar a este honroso encargo”, detallaron.
Los exconsejeros Tania Espinosa, Adalberto Méndez, Bernardo Romero, Jorge Alejandro Saavedra, Ángel Trinidad Zaldívar y Georgina Diédhiou, denunciaron amenazas y calumnias, así como desdén a sus consejos y opiniones por parte de la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra.
“Hemos tratado de ser un cuerpo que sirva de apoyo y otorgue ‘consejos’ para el mejor desempeño de la propia CNDH, pues así lo mandata la ley al establecer que ‘la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un Consejo’”, señalaron.
En una carta de dos cuartillas enviada a las presidentas del Senado, Ana Lilia Rivera, y de la comisión legislativa de Derechos Humanos de la Cámara alta, Kenia López, aseguraron que su labor ha sido desdeñada de forma reiterada por Rosario Piedra, aduciendo que la ley no la obliga a aceptar ninguno de sus consejos.
“De forma sistemática, ha obstaculizado nuestro trabajo llegando al extremo de ignorarnos por completo, amenazar y calumniar a algunas personas integrantes del Consejo, no sólo en los espacios de este órgano ciudadano, sino utilizando para ello los recursos, personal y los medios de la CNDH, incluyendo sus redes sociales”, añadieron.
Los exconsejeros destacaron que desde el comienzo de su encomienda no han podido mediar, ni razonar con la presidenta de la CNDH en ninguna de las actuaciones que ha llevado a cabo.
“Hemos diferido con la presidenta desde simples interpretaciones a procedimientos internos, tales como el significado del quorum, la mayoría de votos, el conflicto de intereses en la contratación de personal, hasta negarnos las facultades para hacer una simple modificación al orden del día del propio consejo.
“Casos extremos han sido la no emisión de recomendaciones generales, que pareciera haber sido para no incorporar nuestras observaciones, así como la publicación de posicionamientos públicos sobre los derechos humanos donde la presidenta decide manifestarse exactamente en sentido contrario a lo unánimemente aconsejado, o incluso, desatender resoluciones adoptadas por la mayoría del consejo, en asuntos de su competencia exclusiva”, explicaron.
Por último, aclararon que los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH no reciben salario, ni remuneración económica ni en especie alguna, “pagamos nuestra propia transportación local, nacional o internacional, para asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo”.
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Leo
